Después de estos largos años de crisis económica nadie puede negar que la España real es más pobre. Los esfuerzos encaminados a la generación de empleo y al crecimiento están dando sus frutos, no sin importantes sacrificios por parte de los hogares. Pero la salida de la crisis tiene una asignatura pendiente: paliar los efectos sociales que ha producido la quiebra económica de no pocas personas. En este sentido, los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de las Condiciones de Vida son relevantes y deben provocar una reflexión de toda la sociedad, no solo de los responsables políticos. Según esta encuesta, el año pasado uno de cada cinco ciudadanos vivía bajo el umbral de la pobreza; el 17% de los hogares no llegaba a fin de mes; los ahorros se han reducido drásticamente, y muchos no pueden afrontar gastos imprevistos. El hecho de que la mitad de los hogares españoles no pudo tener vacaciones en verano es un síntoma más. El riesgo de exclusión sigue en aumento y se hace más preocupante en los mayores de 65 años. Este panorama obliga a que las decisiones políticas estén encaminadas a dar solución a la realidad de una sociedad que ha perdido en calidad de vida y que la debe recuperar con calidad de esfuerzo e iniciativa moral. Es también la hora del protagonismo de una sociedad civil capaz de aportar ideas e iniciativas, de crear un tejido comunitario que no deje a nadie en los márgenes y que aliente la esperanza incluso dentro de la dificultad.