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CASO PÚNICA

Organización criminal para saquear dinero

Un furgón de la Guardia Civil traslada a varios de...
Un furgón de la Guardia Civil traslada a varios de los detenidos en la Operación Púnica. EFE.
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Las fiscales del caso Púnica califican esta trama como «una organización criminal» en la que concurren «todos los criterios identificados en los análisis de delincuencia organizada grave». Así lo establecen las representantes del Ministerio Público en un escrito entregado al juez Eloy Velasco, incluido en las partes del sumario cuyo secreto se levantó el pasado día 5 y a las que ha tenido acceso ABC.

«Los indicios apuntan no a malas praxis administrativas sino a comportamientos de corrupción por favorecer el clientelismo de un determinado grupo empresarial local a quien se le prestaba un trato preferencial», añaden. Es más, Marjaliza conseguía que se gestionaran «a su dictado los expedientes de su interés y removiendo los obstáculos burocráticos en los distintos departamentos del Ayuntamiento».

Así, Francisco Granados y David Marjaliza diseñaron un sistema para saquear los presupuestos públicos de varios municipios madrileños, comenzando por Valdemoro, del que fue alcalde el exsecretario general del PP de Madrid. Granados pasó de la alcaldía de su pueblo a la Comunidad de Madrid en 2003, pero las prácticas corruptas se sucedieron hasta el alcalde que regía el municipio en el momento de las detenciones, en octubre de 2014, José Carlos Boza.

Los espectáculos de las fiestas patronales se contrataban a razón de unos 300.000 euros con una empresa de la trama, Waiter Music, «incrementando cada año las cuotas de intermediación». La concesión administrativa para la recogida de ropa usada fueron para una empresa de Marjaliza, el número dos de la trama y amigo de Granados, que recibía información del ayuntamiento sobre la elaboración de los pliegos del concurso público, para concurrir con ventaja. Del mismo modo Marjaliza se hizo con la gestión de las vallas publicitarias del municipio, como adelantó ABC.

También se adjudicaban contratos menores como una mera trampa para evitar la concurrencia pública. Luego se negociaban al alza.

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