El Gobierno aprobó ayer una reforma de la Administración que incluye importantes medidas de racionalización, supresión de organismos innecesarios y relevantes recomendaciones para las Comunidades Autónomas. Ha hecho falta una severa crisis para que se reconozca el irracional crecimiento que ha tenido el Estado en algunos sectores. Esta reforma pone de manifiesto hasta qué punto hace falta una vigilancia constante para que el Estado no crezca de forma descontrolada. No se trata de demonizar a la Administración sino de crear un Estado para la sociedad.Y en este campo todavía queda mucho camino por recorrer. Muchas Comunidades Autónomas no seguirán las recomendaciones y seguiremos teniendo muchas competencias solapadas. La Constitución dejó abierto el proceso de reparto de competencias. Sería muy conveniente concluir ese proceso con el acuerdo de los partidos mayoritarios. Las estimaciones más optimistas apuntan que cuando concluya la crisis los ingresos públicos serán inferiores en 40.000 millones a los que se obtenían antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Eso significa que, dejando a salvo servicios esenciales como la enseñanza, la sanidad y la protección social, es necesario todavía ajustar en la Administración autonómica. Hay todavía gastos que son injustificables en estas circunstancias y que aportan muy poco al bienestar de los ciudadanos.