El Gobierno de Iñigo Urkullu prepara un programa político con Decreto Ley incluido para forzar el reconocimiento público de las víctimas de vulneración de derechos humanos por motivación política. Se trata de un Plan de Paz y Convivencia que el Ejecutivo del PNV va a llevar a las aulas. El citado Plan pretende que las víctimas puedan explicar sus vivencias personales, ya sea de manera presencial, ya sea de modo virtual a los alumnos. La medida es discutible, teniendo en cuenta que expone públicamente a las víctimas, al tiempo que las convierte en una causa política. Los problemas, sin embargo, no acaban ahí. El Partido Nacionalista Vasco hace gala de una equidistancia moral intolerable cuando trata de las víctimas del terrorismo etarra o se refiere al mal llamado conflicto vasco. Esa es la razón por la que el partido de Urkullu ha introducido en el Plan de Paz a las víctimas de abusos policiales o del franquismo. Se trata de restar cualquier protagonismo o superioridad moral a esos ciudadanos que se convirtieron en víctimas de ETA porque el terrorismo les consideró funcionales a su causa. Los atropellos que se han podido cometer desde el Estado han sido castigados y depurados por los tribunales, pero nada justifica que las víctimas de ETA sean equiparadas a la suerte de sus verdugos. Habrá que seguir recordándolo, dentro y fuera de las instituciones.