España padece la enfermedad del conductismo político de la izquierda. Cada paso que dé un medio de comunicación con informaciones sobre la supuesta corrupción del PP, provoca de forma automática una concentración delante de la sede del partido del gobierno. Ocurrió ya con el Prestige, la guerra de Irak y el 11-M, y desde entonces los que solo saben hacer política para desestabilizar el sistema le han cogido gusto a la práctica de utilizar la calle como medio de presión al margen de los cauces propios de la democracia. Estos atajos no producen frutos de concordia ni regeneración. La movilización social, una práctica legítima como ejercicio de las libertades públicas, se pervierte cuando nace de la demagogia y de la incoherencia. Cualquier observador atento a la realidad se debe preguntar por qué no se han organizado movilizaciones delante de la sede de Convergencia i Unió, con motivo de la sentencia del caso Palau, o delante de la Presidencia de la Junta de Andalucía, o del PSOE de esa región, por el caso de los ERES falsos. Pregunta que podría responder Alfredo Pérez Rubalcaba cuando deje de alentar indirectamente la alteración del sistema con sus declaraciones sobre si el PP está asfixiando la democracia o ha impuesto un estado de excepción. Jugar con las palabras es también una forma de corromper la democracia.