En declaraciones a los medios, Santmartí se ha limitado a explicar el protocolo al que se someten los menores de 14 años que, por ley, "son inimputables" y no pueden ser declarados culpables. El protocolo consiste en hacer un seguimiento al menor con el trabajo de profesionales educativos y psicólogos que puede durar "tanto tres sesiones como diez", y siempre con una segunda evaluación antes de dar por acabado el tratamiento. El objetivo de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), organismo que se encarga de los asuntos conflictivos de menores, es el de "prevenir que estos casos se puedan repetir a través de un trabajo de mediación y reparación psicológica", ha indicado Santmartí. "El trabajo de mediación con el menor conflictivo busca que éste no pueda repetir sus acciones en un futuro, con 14 años, y cometa delito, ni más adelante", ha explicado la directora de Atención a la Infancia.Según Santmartí, siempre que los padres tengan plena capacidad educativa, el trabajo se limita al menor, que hará "una vida normal" aunque no ha querido concretar más, puesto que la DGAIA acoge a cualquier menor que haya cometido alguna infracción como puede ser "quemar una papelera".En cuanto se detecta un suceso, el menor "llega a la DGAIA, se hace un diagnóstico de la situación y se hace una valoración de trabajo" para ver qué tratamiento o qué trabajo es el mejor, y con qué profesionales debe tratar el joven. "Una vez se le ha reeducado y tenemos una doble confirmación, ya se puede cerrar el caso", ha expuesto Santmartí.Santmartí se ha acogido a la ley para exponer la situación del joven menor: "Si hay una ley que dice que un menor de 14 años no es imputable, no lo es. En el caso que nos ocupa, el trabajo consiste en diagnosticar qué proceso le ha llevado a cometer los tristes hechos de esta mañana".En 2013, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia trató más de 600 casos de menores que habían cometido algún tipo de infracción, y en 2014 la cifra aumento a más de 800