Fuentes cercanas a Sonia Alonso y Rubén Fernández, y Silvia Pons y Jerónimo Moltó, que se vieran obligados el lunes pasado a entregar a un orfanato a sus hijos adoptados, han explicado a Efe que en la vista de hoy los Estados Regionales del Sur han intentado no reconocer la competencia del juez, pero finalmente no lo han conseguido.

Acto seguido, han esgrimido que esta administración territorial cuenta con suficientes medios para atender a los dos niños -en orfanatos o incluso familias etíopes- y se han opuesto a la adopción internacional.

Ante estas afirmaciones, el juez ha aplazado la vista hasta el jueves de la próxima semana para que los Estados Regionales del Sur aporten pruebas documentales que sustenten estos argumentos.

Belén Moltó, hermana de Jerónimo Moltó, ha explicado a Efe que se trata de "una nueva dilación procesal" con el objetivo de desgastar física y moralmente a ambas parejas.

Según Belén Moltó, las dos parejas, que residen en las localidades madrileñas de Fuenlabrada y Parla, han acudido a la vista acompañadas del cónsul de España en Adis Abeba y confían en la Justicia.

"Es muy duro, pero siguen luchando y confían en la Justicia", ha agregado la hermana de Jerónimo Moltó, quien ha expresado que sus esperanzas están depositadas en lo que pueda hacer el Gobierno español a través del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Juan Rafael Suardiraz, amigo de una de las parejas y que inició una petición en la plataforma Change.org para recabar firmas de apoyo, ha dicho a Efe los padres adoptivos españoles están "anímicamente muy mal".

A juicio de Suardiraz, las dos parejas son víctimas de "un conflicto político" entre las autoridades territoriales y las centrales del país africano.

Los Estados Regionales del Sur "no quieren dar adopciones internacionales y aseguran que los niños pueden estar allí en buenas condiciones", ha añadido.

Sonia Alonso y Rubén Fernández, y Silvia Pons y Jerónimo Moltó llegaron a Etiopía el pasado 31 de marzo para culminar un proceso de adopción en el que llevaban inmersos varios años, pero, una semana después del juicio en el que se les otorgó a los niños, el proceso fue paralizado.

Los afectados llevan desde entonces luchando por esta causa, han reclamando a García-Margallo que se implique personalmente para intentar desbloquear la situación y han enviado una carta a la Reina, en la que apelaban a su papel de madre