Este fin de semana se cumplen tres años del devastador incendio que afectó a seis localidades de la Costa del Sol. El peor en 24 años en la provincia y que afectó a los municipios de Ojén, Coín, Monda, Marbella, Mijas y Alhaurín el Grande. El fuego se originaba el 30 de agosto de 2012 en el paraje de Barranco Blanco, en Coín, y dejaba un fallecido, dos heridos graves y varios millares de desalojados en plena madrugada. Hoy, tres años después los afectados por el fuego siguen a la espera de unas indemnizaciones que todavía no han llegado.         Las altas temperaturas, la baja humedad y las fuertes rachas de viento, fueron las principales causas de la rápida propagación del fuego que recorrió más de 8.200 hectáreas. Pese a que el incendio tuvo su origen en Coín, los vecinos de esta localidad no sufrieron daños materiales y el fuego solo afectó a la vegetación de la zona. El origen estuvo en una negligencia por una quema de rastrojos no autorizada. Fernando Fernández Tapia, alcalde de Coín, valora los daños y explica que "debido al cambio del viento que se produjo no tuvimos que lamentar daños personales y materiales escasos (...) bien es cierto que la sequía ha impedido la regeneración del bosque. Realmente en Coín por suerte no tuvimos daños importantes".        Uno de los municipios que sí se vio perjudicado fue Ojén. Unas 5.000 personas tuvieron que ser desalojadas y hubo incontables daños materiales. A día de hoy, los vecinos siguen esperando esas ayudas. José Antonio Gómez es el alcalde de Ojén y asegura que "en lo que yo conozco no ha llegado ningún tipo de ayuda, salvo al Ayuntamiento que como medida de urgencia nos gastamos 21.000 euros se nos ayudó, si no recuerdo mal, con 6.000 euros". Francisco Sánchez, alcalde de Monda, otro de los municipios afectados por el incendio de la Costa del Sol hace tres años se muestra crítico: "las ayudas las prometen y después se mueren en los hoteles, por ahí y eso no llega nunca".        El principal motivo por el cuál no se han recibido las ayudas es que se trata de un proceso judicial abierto que tiene un imputado, el jardinero que, presuntamente, cometió la negligencia en la quema de rastrojos. Además el personal destinado al caso es una única funcionaria que está de baja desde hace dos meses sin que se haya reemplazado su plaza.