Tras la denuncia presentada por la Fiscalía provincial tras más de un año de investigaciones, el juzgado de instrucción númro 4 de Vinaròs ha abierto causa e imputa a dieciocho personas por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente y los recursos naturales, tras los más de quinientos terremotos que la inyección de gas en el Proyecto Castor provocó en la Costa del norte de Castellón. Todos ellos están citados a declarar como imputados. Lluis Gandía, portavoz del equipo de Gobierno ha valorado "con respeto" la decisión judicial y destaca la rapidez con la que ha actuado el juzgado de Vinaròs.   Los imputados son los técnicos del Instituto Geológico y Minero que participaron en el informe realizado en 2007, así como enm el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2010. También está imputada la empresa Escal UGS, que renunció hace pocos meses a la explotación de la plataforma de gas, así como los miembros del Consejo de Administración, entre ellos, el presidente Recaredo del Potro. Evelio Monfort espera que la justicia actúe contra los que posibilitaron que se causaran estos problemas en el Baix Maestrat, aunque considera que deberían haber más imputados.