Cuando el anterior Gobierno socialista decidió negociar con ETA vino a reconocer que para terminar con los asesinatos se podía vulnerar el Estado de Derecho. Esto conmocionó a buena parte de la sociedad y especialmente a los millares de víctimas del terrorismo. Una banda que había asesinado a un millar de ciudadanos, pasaba a tener un “estatus” de agrupación política y lo que es peor, sin necesidad de entregar las armas ni de arrepentirse de sus crímenes y extorsiones. Para más escarnio la banda ha tenido desde entonces carta blanca para formar varios partidos políticos que se han instalado en las instituciones con la anuencia de un Tribunal Constitucional claramente condicionado por la situación política. No obstante, haciendo acopio de buen juicio, el Tribunal Supremo sentó jurisprudencia con una sentencia de 2006 en la que estableció que la reducción de penas por beneficios penitenciarios no se podía aplicar al conjunto de las condenas sino a cada una de ellas individualmente. Es lo que se viene llamando “Doctrina Parot” que hoy es examinada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con el temor de que la eche por tierra y permita la liberación de decenas de terroristas. La respuesta del Gobierno español ha sido oponerse con firmeza a lo que considera una flagrante injusticia. Si fuera necesario tiene previsto recurrir ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo para evitar la consumación de un proceso que a todas luces burla la Justicia y que es una herencia más de la nefasta gestión de las anteriores gobiernos socialistas.