El expresidente andaluz está acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos dentro del procedimiento por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los ERE.

La Fiscalía acusa a Griñán de no haber parado las irregularidades que permitieron que -entre 2001 y 2011- la Junta de Andalucía repartiera, de forma arbitraria y eludiendo los controles administrativos, 855 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis. 

Se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y treinta de inhabilitación.

El Ministerio Público atribuye a Griñán la responsabilidad de no haber atendido los avisos de la Intervención de la Junta y alertan de que el sistema que se usaba para dar las ayudas no era "adecuado". El fiscal le recrimina, además, que no iniciara algún procedimiento para lograr la devolución de los fondos públicos entre 2005 y 2010. Reclaman a Griñán la devolución solidaria -junto a otros 18 altos cargos también acusados de malversación- de 483 millones, por conocer su destino irregular desde su puesto como consejero de Hacienda.

Antecedentes

Del departamento de Economía depende la Intervención de la Junta y ahí es donde supuestamente llegaron los informes -también a las consejerías de Empleo, la que daba las ayudas, y de Innovación, cuya entidad instrumental IFA/IDEA- Instituto de Fomento de Andalucía (actual Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía)- las pagaba con dinero que le enviaba Empleo mediante transferencias de financiación.

Siendo Griñán consejero de Economía (2004-2009), los interventores, supuestamente le hicieron llegar en 2005 un informe adicional al de control financiero de las cuentas anuales del IFA de 2003. En ese texto, en el que se analizaba una veintena de expedientes de ayudas, se señalaba a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo como la emisoraia de estas ayudas "prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

En su declaración ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, Griñán aseguró que Hacienda no recibió ningún informe del interventor. Ningún documento en en el que supuestamente se le advertía de que se estaba incumpliendo le ley en el procemiento de financiación de las ayudas.

El exconsejero de Hacienda aseguraba además que no conocía el procedimiento ni tenía competencia para frenarlo. Griñán "lo único que sabía es que había un programa, el 31L, de ayudas sociolaborales" Admitió ante los medios de comunicación que fallaron los protocolos de vigilancia y que las irregularidades debían tener consecuencias penales y políticas. Dijo, además, que no hubo un gran plan pero sí un gran fraude en el caso ERE.

José Antonio Griñan negó que existiera un plan orquestado por el Gobierno andaluz para repartir de forma fraudulenta y opaca las ayudas  y observó que la responsabilidad de lo ocurrido estaría en otra Consejería: la de Empleo.