La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en un segundo informe sobre la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en 2011 que la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tuvo que ser partícipe "directa" y conocedora de que se hizo de forma irregular.

Así lo explica la UCO en un informe del pasado 27 de marzo, que amplía uno anterior en el que atribuye a Cifuentes delitos de prevaricación y cohecho.

En el segundo informe recoge las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al expresidente de la patronal madrileña del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.

Esos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para esos concursos, de los que la presidenta madrileña participó como presidenta de la mesa de adjudicación pero también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.

En la licitación de 2011 participó uno de los imputados, Arturo Zubiri, funcionario de la Asamblea que, según explicó él mismo a los agentes, asignó cero puntos a una empresa competidora de Arturo Fernández "bajo la falsa argumentación de que la misma no había presentado documentación alguna".

De esta circunstancia, dice la UCO, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras" los otros dos componentes del comité de expertos, que eran Cifuentes y María Merino, otra de las imputadas que declaró ante la Guardia Civil.

Merino sostuvo que en 2009 mantuvo una reunión con Cifuentes y con la letrada de la Asamblea Tatiana Recoder (miembro del comité de expertos también) en la que en realidad "no hubo deliberación".

"Nadie expuso nada, no había nada que discutir", añadió sobre la reunión.

La UCO concluye que de las declaraciones de Zubiri, Merino y de Recoder -quien dijo que hizo la recomendación respecto a la incompatibilidad de Cifuentes como miembro de la mesa y el comité- se extrae "la existencia de significativas y evidentes contradicciones entre lo declarado por algunas de las personas investigadas frente a otras, o respecto a lo declarado por éstas frente a elementos de prueba documental que obran en la investigación desarrollada".