La aplicación de esta tecnología al mundo judicial, desarrollada por una multinacional japonesa, ha despertado el interés de varias comunidades autónomas y dos de ellas han comenzado a definir el proyecto de implantación. Con esta tecnología, cuando un juez acuerda medidas cautelares y fija comparecencias regulares en el Juzgado, en primer lugar, el usuario tiene que registrar sus datos personales y colocar la palma de la mano sobre un sensor, que reconoce cinco millones de puntos con rayos infrarrojos en el sistema circulatorio en pocos segundos. Para cumplir con el trámite de su presentación, el afectado solo tiene que desplazarse a la sede judicial y poner la mano sobre un sensor. Este sensor emite rayos infrarrojos hacia la mano y capta las venas como un patrón en negro, que se almacena de forma codificada en una base de datos para identificar a las personas. El mapa de las venas de la mano es distinto en cada persona, permanece a lo largo de toda su vida sin modificación y es distinto en las manos derecha e izquierda. "Es una firma única, un rasgo único y exclusivo de cada persona", asegura el responsable del Área de Justicia de Fujitsu, Antonio Ortiz. Este sistema aporta precisión y seguridad, además de revertir a la Administración aquellos recursos humanos que ahora dedica a atender a las personas que tienen que presentarse en el Juzgados con su carné de identidad para firmar. La suplantación de la identidad es prácticamente imposible con el mapa de las venas de la mano, apunta Ortiz, quien destaca la fiabilidad de este sistema frente a la huella dactilar o el iris, que se pueden falsificar. Unos 40 millones de personas ya emplean esta tecnología en todo el mundo para el control de accesos y presencias en comercios, bancos, hospitales y juzgados. En el ámbito de la Justicia, la multinacional japonesa ofrece otras propuestas para el registro de entrada, el servicio común de actos de comunicación y ejecución y la grabación de vistas. Dicha multinacional lidera el sistema de grabación de vistas en España, donde da soporte a 2.850 salas y 434 sedes judiciales. Ortiz subraya que la empresa trata de ofrecer proyectos innovadores a los ciudadanos, los profesionales y la Administración con el objetivo de facilitar las tareas en el sector de la Justicia, "uno de los pilares de la democracia".