La unánime sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la posibilidad de que Cataluña pueda declarar unilateralmente la independencia, desnuda de cualquier razón jurídica el ensueño secesionista de Artur Mas. Cuando el presidente de la Generalitat diseñó su estrategia para desafiar a la legalidad vigente, sabía perfectamente que iba en contra de la Constitución y que el Tribunal Constitucional, cualquiera que fuese su composición, nunca podría admitir como lo que a todas luces era ilegal. Pese a ello ha seguido adelante con su propósito separatista, en busca de un resquicio de debilidad por parte del Gobierno y del propio Tribunal, jugando con la superchería de que la declaración soberanista, adoptada el pasado año por el Parlamento catalán, era perfectamente democrática.Para ello ha recurrido, incluso, a tratar de recusar al presidente y dos magistrados del Tribunal Constitucional a los que acusa de catalonofobia. Todo este andamiaje político-jurídico montado en el aire, se ha venido abajo con la sentencia de ayer, adoptada por unanimidad, y que respalda al Gobierno para que utilice todos los instrumentos legales previstos por la Constitución para poner fin al desafío soberanista. A la Generalitat sólo le queda un camino para defender su proyecto, tal como recoge la propia sentencia de ayer: proponer una reforma constitucional, de acuerdo con las vías establecidas por la propia Carta Magna, lo que equivale a reconocer el imperio del derecho, fundamento de toda democracia.