El Rey presidirá este martes la ceremonia de apertura del Año Judicial, un curso que arranca con todas las miradas apuntando a Cataluña en una semana que se antoja clave para el proceso soberanista y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.

La ceremonia del nuevo Año Judicial, la quinta que preside Felipe VI, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.

Acompañarán al rey el presidente de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, junto a las máximas autoridades en materia de Justicia, incluido el ministro, Rafael Catalá.

Será Lesmes quien pronuncie el discurso inaugural del Año judicial mientras que Maza, por primera vez desde su nombramiento, presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año.

Al acto asisten también los cerca de 90 magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría y del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.

También estarán presentes los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, y representantes de todas las asociaciones judiciales.

El acto se desarrollará en la víspera de que arranque un pleno del Parlamento de Cataluña que podría aprobar la proposición de ley del referéndum, paso previo a una inmediata convocatoria del mismo por el Govern de la Generalitat.

Para el mismo miércoles está convocado un pleno del Tribunal Constitucional, con lo que, si se cumple el escenario previsto, la convocatoria del 1-0 se formalizará con los magistrados reunidos y preparados para recibir la impugnación del Ejecutivo, aunque -como no podía ser de otra manera- el asunto no figura en el orden del día.

El TC suspenderá de inmediato de forma cautelar los preceptos o decretos impugnados, como establece el artículo 161.2 de la Constitución, y como ha hecho con todas las decisiones adoptadas hasta el momento en este proceso.

De hecho, en una sentencia del pasado 14 de febrero declaró ilegal el referéndum y cualquier acto que sirva para su preparación.

Al margen de la automática suspensión, el resto de la respuesta del TC dependerá del alcance de la petición del Ejecutivo y de si solicita que se apliquen sanciones o suspensiones de las funciones de autoridades y funcionarios.

Hasta el momento, en las resoluciones adoptadas (siempre por unanimidad), el TC ha optado por el apercibimiento a esas autoridades de las responsabilidades (incluidas las penales) que conlleva desobedecer sus resoluciones y por la notificación a la Fiscalía, que fue la que emprendió la acción penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por esa desobediencia.

La adopción de medidas coercitivas podría acarrear el fin de la unanimidad que ha marcado las resoluciones del TC sobre el proceso soberanista, con lo que, en principio, según las fuentes consultadas por Efe, el pleno del Tribunal optaría por la suspensión de las normas y el apercibimiento, aunque podría ampliar el número de personas apercibidas.

En cualquier caso, el 1-0 quedaría suspendido de forma automática, como ocurrió el pasado mes de julio con la reforma del Reglamento del Parlament para abrir la vía de la convocatoria exprés del referéndum.