El Ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, ha anunciado que el Gobierno está ultimando la reforma de la Ley del Aborto y que será presentada al Consejo de Ministros antes de que termine el mes de octubre. La noticia no debería sorprender. Se trata de una promesa electoral del Partido Popular y lo que haría el Gobierno sería cumplir con su compromiso. Lo que puede sorprender es por qué se ha tardado tanto en abordar esta reforma tan prioritaria, que afecta a un derecho fundamental como es el derecho a la vida.La buena noticia debe ser tomada con tanta alegría como cautela, a la espera de ver en qué se concreta esa afirmación de que la nueva ley va a estar en la línea del discurso histórico del PP. Mejorar lo que hay es fácil, porque la situación legislativa actual es tan disparatada e injusta que contempla como un derecho la eliminación de seres humanos inocentes.Es evidente que con la ley no se arregla todo, que estamos ante un asunto muy serio, de profundo calado moral y que exige la educación y la recta formación de las conciencias. Pero una buena ley ayudaría mucho. Están en juego muchas de vidas: las de los seres humanos que van a nacer, que tienen derecho a que su vida sea tutelada y protegida adecuadamente. Y también la salud moral de toda una sociedad.