El exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha declarado este miércoles en el juicio de la pieza política del caso ERE que la Intervención de la Junta de Andalucía nunca se refirió a él "con un informe que indicara que había una situación de ilegalidad" en el sistema con el que el Gobierno autonómico repartía las ayudas sociolaborales investigadas.

Viera es el segundo de los 22 ex altos cargos socialistas que se sientan en el banquillo, acusado de prevaricación y malversación por lo que se enfrenta a ocho años de cárcel, y a diferencia del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero sí ha decidido responder las preguntas de la Fiscalía.

Durante su declaración ha señalado que desde el Consejo de Gobierno -que en su etapa de consejero de 2000 a 2004 presidía Manuel Chaves- existía una directriz general para resolver conflictos laborales que se estaban dando en Andalucía por el cierre o reestructuración de empresas y que afectaban a miles de trabajadores.

A raíz de los reparos de la Intervención para dar una ayuda a la empresa Cárnicas Molina, ordenó a su equipo buscar una fórmula "dentro de la legalidad" que permitiera dar ayudas con "agilidad y eficacia" y tras consultarlo con la Dirección General de Asuntos Europeos quedó claro que se podían conceder siempre que no fueran a empresas, para que no colisionaran con fondos europeos, sino a los trabajadores afectados.

Para articular esas ayudas individuales se elaboró un convenio entre la Consejería de Empleo y la agencia pública Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en 2001, acuerdo que él firmó como consejero entendiendo que había pasado todos los filtros y "cumplía todos los requisitos legales", por lo que a preguntas del fiscal ha admitido que no revisó si tenía informes de la Intervención y el Gabinete Jurídico de la Junta para validarlo.

Ha dicho desconocer que con ese informe cambiaba el organismo pagador de las ayudas (al pasar al IFA) y que con ello las ayudas no eran fiscalizadas por la Intervención de la Consejería de Hacienda pero ha asegurado que los fondos del IFA "tenían una fiscalización continua, no una sino dos".