México goza de una estructura estatal perfectamente homologable, pese a ser uno de los países con mayores índices de corrupción en  toda América Latina. La coexistencia entre el crimen organizado y el poder político en sus niveles estatales y federal, hacen de México un país inseguro en el que la impunidad permite que el narco y sus redes campen a su anchas. No hay policías, jueces, fiscales ni políticos en las cárceles mexicanas. Y esto es lo que tiene desesperado al pueblo mexicano, especialmente después del crimen de Ayotzinapa.Desde que el pasado mes de septiembre desaparecieran los 43 estudiantes de una Escuela Normal de Guerrero, el Presidente Peña Nieto ha comparecido en varias ocasiones sin que haya avances significativos. México y su Gobierno se enfrentan a una grave crisis cuya solución pasa necesariamente por llevar ante los tribunales, caiga quien caiga, a los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes y por suscribir un pacto de obligado cumplimiento entre todas las fuerzas políticas.El Gobierno tiene que hacer su tarea, pero mientras los partidos de oposición, el PAN y el PRD, vean en lo sucedido en Ayotzinapa sólo un problema de Enrique Peña Nieto y del PRI, y no un problema de Estado, México no saldrá del atolladero.