La investigación comenzó en junio de 2013, en colaboración con el Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que existían unas seis empresas, ubicadas en Puerto del Rosario, que podrían estar defraudando a la Seguridad Social, según informó el CNP en nota de prensa.    Estas empresas tenían varios denominadores comunes, tales como eran la constitución y el cese en un plazo de 5 a 11 meses; así como la contratación de trabajadores extranjeros; daban de alta a sus supuestos trabajadores por periodos cortos de tiempo; y tenían domicilios sociales ficticios, falta de actividad, así como algunos de los trabajadores se repetían como empleados en varias de esas empresas.    Posteriormente, los agentes descubrieron que la organización cuando cesaba una empresa y creaba otra era "casi inmediatamente" y en actividades de limpieza o construcción, trasvasando a su vez a los supuestos empleados, que no llegaban a desarrollar ningún tipo de actividad laboral.    En cuanto a los objetivos de los supuestos trabajadores se centraban en conseguir acceder a alguna prestación o subsidio de la Seguridad Social, así como a su regularización o renovación de los permisos de residencia para algunas de las personas extranjeras. De todas las empresas investigadas hasta el momento se ha detectado a 49 personas empleadas, que habían solicitado trámites en materia de extranjería en la Subdelegación de Gobierno de Las Palmas.    De esta forma, y una vez iniciado el estudio de la documentación aportada por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre las empresas investigadas se constata que tres de los administradores son miembros de la misma familia. MÁS DE 2 MILLONES DEFRAUDADOS    La organización desarticulada había defraudado más de 2 millones de euros, de los que 710.000 euros en cuotas adeudadas a la Seguridad Social, más de 900.000 euros en prestaciones totales que deberían percibir las personas contratadas y unos 475.000 euros en prestaciones ya percibidas por estas.    Los agentes "desplegaron un dispositivo simultáneo" en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y Tenerife para proceder a la localización y detención de los miembros del grupo criminal desarticulado.    También se realizaron tres entradas y registros, dos en domicilios y una en un despacho profesional donde se intervinieron varios ordenadores, discos duros extraíbles, memoria USB, documentación relacionada con la constitución de las empresas, nóminas y contratos laborales o recibos bancarios, entre otros.    Los 15 detenidos han sido ya puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.