El proceso soberanista que Artur Mas inició en los últimos meses de 2012 avanza gracias al pacto de gobierno con Esquerra Republicana.  Hubiera sido deseable que en la sociedad catalana emergiera una respuesta serena y articulada que consiguiera revertir ese camino. Lejos de esto, las demandas soberanistas han adquirido en Cataluña un tinte defensivo difícil de neutralizar.El próximo  23 de enero el Parlamento catalán conocerá una declaración de soberanía en la que, según parece, no se hablará de Estado propio, sino del derecho de los catalanes a decidir su futuro político. Habría que recordar a todas las fuerzas políticas que abogan por esta tesis que los catalanes llevan treinta y siete años decidiendo su futuro político. Lo hacen cada vez que eligen concejales, votan en unas elecciones autonómicas o generales, o son preguntados en referéndum.Muy probablemente, lo que el Gobierno de la Generalitat busca con esta declaración es un refrendo que le sirva para presionar al Gobierno de España en sus reivindicaciones políticas, al tiempo que legitime las aspiraciones independentistas de propios y extraños. Habrá que ver qué es lo que sucede. El primero de los plazos se cumplirá el próximo día 23, en cualquier caso el Gobierno de España tiene que combinar diálogo racional, un discurso generador de confianza y firmeza política y jurídica. De eso depende el futuro más inmediato.