En la operación, la Guardia Civil ha detenido hoy en total a cuatro personas, entre ellas el exjefe de gabinete del alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC) -investigado en esta causa-, el director de Inipro, Ricard Campà, el consultor de Viladecans Enrique Miró y el primer teniente de alcalde de Viladecans. La Guardia Civil ha registrado también el Ayuntamiento de Tarragona, para acceder al servidor y obtener datos de uno de los detenidos, así como los ayuntamientos de Viladecans y Palau-Solità i Plegamans -ambos dirigidos actualmente por el PSC-, dos mercantiles de Barcelona y Viladecans, un despacho profesional de Viladecans y en otro de Reus (Tarragona) y los domicilios de los cuatro arrestados. En la causa, dirigida por el titular del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona y que se mantiene bajo el secreto de las actuaciones, se investiga la contratación supuestamente irregular, sin publicidad, a Inipro, afín al PSC, por parte del consistorio de Tarragona, durante la etapa de Ballesteros, para el servicio de atención a los inmigrantes. En el Ayuntamiento de Viladecans, la Guardia Civil ha solicitado tres o cuatro expedientes que podrían estar vinculados con las adjudicaciones supuestamente irregulares relacionados con este caso. Por su parte, el Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans ha informado de que la Guardia Civil ha solicitado un expediente relativo a la contratación de un servicio público de juventud del año 2009, cuando el consistorio lo gobernaba CiU con el apoyo de ERC y el PP. Según el consistorio, los agentes no han requerido la presencia de ningún cargo público del actual equipo de gobierno, liderado por el PSC en coalición con CiU y Ganemos. El equipo de gobierno de Tarragona, integrado por PSC, PP y UDC, ha insistido hoy, por su parte, en calificar el caso Inipro como de "mala praxis" y de "irregularidades en la gestión", pero lo han desvinculado de cualquier delito de corrupción. Por el contrario, la portavoz del grupo municipal de la CUP y denunciante del caso Inipro, Laia Estrada, ha reivindicado otra vez la petición, efectuada ya en enero pasado, de que dimita el alcalde, Josep Félix Ballesteros. En la causa, que ahora se ha ramificado, el juez empezó investigando la contratación de Inipro por parte del Ayuntamiento de Tarragona de los servicios de atención a la inmigración, en el que el exgerente del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona Antonio Muñoz invitó a las empresas Inipro, Itinere y Gallets Associats. Inipro e Itinere son del mismo grupo, afín al PSC, y Gallets tiene vinculaciones, aunque se retiró del procedimiento alegando exceso de trabajo, pese a que su actividad no tiene nada que ver con el objetivo del contrato, que era atender a la población inmigrante. El contrato lo ganó Itinere y en el 2010 se le pagaron 64.000 euros, pero se prorrogó durante el 2011 y el 2012 y el juez cuestiona los 215.000 euros que han facturado al consistorio de forma presuntamente irregular. El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que el pasado enero declaró ante el juez como investigado por los delitos de prevaricación, soborno, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicas, autorizó los pagos de siete facturas pese a las advertencias en contra. Cuatro detenidos en el Ayuntamiento de Tarragona