En su afán de sacar petróleo de la charca de la corrupción, en la que también está metido, el PSOE ha llegado a pedir la dimisión del ministro de Hacienda por el llamado “caso Bárcenas” que cada día parece más enmarañado. Parte esta petición de la regularización fiscal a la que se acogió el antiguo tesorero del PP a través de una sociedad, lo cual permite al PSOE acusar al Gobierno de haber elaborado la amnistía fiscal para que Bárcenas pudiera eludir la intervención de Hacienda. El difamatorio argumento pierde todo su peso porque esa disposición no impide que la justicia pueda investigar el origen del dinero, que es lo que de verdad importa para descubrir la existencia de delito. La citada amnistía, además, ha permitido aflorar más de cuarenta mil millones de euros ocultados por miles de sociedades, mientras en el caso de la sociedad de Bárcenas  afecta a poco más de diez millones, menos del 2 por ciento de todas las cantidades que han salido a la luz. Otra cosa muy diferente es la sospecha de que, en la época de Bárcenas, se distribuyeran sobresueldos ilegales a los dirigentes del Partido Popular, como sugieren las informaciones de algunos medios que hoy reproducen anotaciones de supuestos pagos de gastos de representación que podrían ser perfectamente legales. Al margen de las explicaciones que no ha tardado en ofrecer el propio partido y de las auditorias anunciadas, el mejor modo de aclarar esas acusaciones es que se lleve a cabo una investigación judicial con toda la rapidez, como demanda una sociedad crecientemente escandalizada.