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El Congreso acuerda modificar o derogar la Ley de Seguridad Ciudadana

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 22:50

El Pleno del Congreso ha dado este martes el primer paso para modificar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "ley mordaza", al aprobar la toma en consideración de dos proposiciones de ley del PSOE y del PNV para proceder a su revisión.

La toma en consideración de ambas propuestas se ha debatido de forma conjunta, aunque no han logrado los mismos apoyos por las reticencias de Ciudadanos al texto de los socialistas, al considerar que pretendía una vuelta a la "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta", por lo que se ha abstenido en la votación de la del PSOE.

A las dos se ha opuesto el PP, desde su convencimiento, según su diputado José Alberto Martín-Toledano, de que la actual norma "no ha generado problemas" y los ataques que ha recibido han sido más bien por "criterios de desgaste político" con argumentos de "manual partidista".

Con menos de dos años de vida, la ley, polémica incluso antes de nacer, no ha podido ser enterrada, como querían algunos grupos, y se someterá ahora a un trámite parlamentario para su modificación que partirá al menos de los 44 puntos que el PNV quiere retocar.

El PP no está de acuerdo con todos ellos, pero desde el Gobierno ya se había apostado por la iniciativa de los nacionalistas como punto de partida, como dijo en su día el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya ausencia en el debate han criticado algunos portavoces.

El PSOE quiere la vuelta a la "ley Corcuera" en tanto se aprueba un nuevo texto que, como poco, elimine las sanciones a las personas que participan en manifestaciones, a las que se manifiestan ante el Congreso y el Senado y a las que utilizan imágenes de miembros de las policías.

También pide que se imposibiliten los registros personales en lugares públicos y se anule la consideración de infracción grave de las faltas de respeto a un autoridad pública o a un funcionario de las fuerzas del Estado.

El PNV propone reformar los apartados que obligan a comunicar a las autoridades las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas, así como aquellas que se hagan en esos términos frente a las cámaras, siempre y cuando no perturben la seguridad ciudadana.

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