La Policía ha detenido este viernes al excomisario José Manuel Villarejo, acusado de los delitos de cohecho y blanqueo de capitales, dentro de una operación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que han sido apresadas varias personas más.

Según han informado fuentes de la investigación, las indagaciones se han llevado a cabo de forma conjunta con la Fiscalía Anticorrupción y han sido supervisadas por el juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ante cuya disposición serán puestos los detenidos.

Además de practicar las detenciones, la Policía está efectuando varios registros en domicilios y oficinas en busca de pruebas sobre las supuestas actividades ilícitas cometidas por Villarejo y en las que estarían implicados los otros arrestados.

El excomisario Villarejo ha estado inmerso en varios procesos judiciales relacionados con la denominada "guerra de comisarios" abierta en el seno de la Policía la pasada Legislatura a raíz del caso del pequeño Nicolás, o en la relacionada con el "pendrive" con información sobre la familia Pujol.

Está también implicado en la causa que investiga al empresario Javier López Madrid por supuestamente acosar a la doctora Elisa Pinto, quien señaló en una rueda de reconocimiento al excomisario como la persona que la apuñaló el 10 de enero de 2014.

A lo largo de estas pesquisas, el Ministerio del Interior aceptó indagar el supuesto entramado empresarial montado por Villarejo cuando era comisario, aunque finalmente sin consecuencias para él.

Sin embargo, este viernes ha sido detenido por Asuntos Internos, una unidad conocida como "la Policía de la Policía" porque es la encargada de investigar a los agentes de este cuerpo sospechosos de cometer delitos.

Su labor se ha prolongado durante varios meses en los que ha ido recabando información incriminatoria contra el excomisario.

Hace apenas dos semanas, Asuntos Internos desmanteló una trama de corrupción integrada por ocho funcionarios policiales y de la Dirección General de Tráfico (DGT) que favorecían a empresarios mediante adjudicaciones a cambio de favores y beneficios personales.

Los policías y facultativos capturados en esa ocasión estaban destinados en la Jefatura Central de Logística de la Policía Nacional, encabezada por el comisario José Losada.

Aquella investigación, dirigida por el juzgado de Instrucción número 50 de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción permitió descubrir una red de prebendas en la que participaba la contrata que suministra el servicio de comidas en diversas dependencias policiales.

De hecho, la Unidad de Asuntos Internos arrestó en aquella operación a seis empresarios que supuestamente se habrían beneficiado de contratos urdidos por la trama.