El PSOE se beneficia de la lentitud de una instrucción sometida a presiones.

En pleno proceso de negociación para la formación del nuevo Gobierno de España el PSOE, a diferencia del Partido Popular, se está beneficiando de la lentitud en la investigación del mayor escándalo de corrupción en términos cuantitativos (acumula 275 imputados y más de 300.000 folios) y políticos: ha puesto en la antesala del banquillo al mayor monopolio de poder de los socialistas en una Autonomía. Según publica ABC, se acaban de cumplir cinco años del estallido del caso ERE y todavía no se ha celebrado ningún juicio sobre el «gran fraude» de los expedientes de regulación de empleo, como lo llamó José Antonio Griñán tras declarar en el Supremo.

Hay 51 ex altos cargos del Gobierno andaluz investigados por prevaricación administrativa, acusados de diseñar y mantener un procedimiento a sabiendas de que era «ilegal» para ayudar a empresas en crisis que la Junta de Andalucía dotó con 855 millones entre 2001 y 2010. En la cima de esta pirámide de responsabilidades se sitúan los dos antecesores de Susana Díaz al frente de la Comunidad: Manuel Chaves y Griñán, dos referentes simbólicos para el PSOE. Ambos han sido presidentes federales del partido y juntos suman 23 años de gobierno en Andalucía.

Los delitos prescriben, los imputados fallecen, y nadie se atreve a descartar que en un futuro haya que reducir hipotéticas condenas por dilaciones indebidas. Eso, sin contar con la imagen que para la justicia supone el ritmo lento de este y otros macroprocesos.

El excesivo celo y la particular forma de instruir de la juez Mercedes Alaya, la primera de los cinco jueces por cuyas manos ha pasado esta causa, sumada al peregrinaje judicial de aforados por el Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), los palos en las ruedas del gobierno autonómico y el duelo interno en el juzgado de los ERE han complicado una fase de instrucción que ha golpeado a las estructuras de la Junta de Andalucía.

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