El texto establece trece actuaciones de carácter general de obligado cumplimiento para las personas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza, que abarcan desde el mantenimiento de balsas o fuentes a piscinas hasta sistemas de climatización. Además, también prescribe acciones específicas en cementerios, granjas de animales y talleres mecánicos y depósitos de neumáticos, entre otros.   La concejala de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón, Sara Usó, ha subrayado la necesidad de “elaborar una ordenanza que contemple las medidas que deben tomar vecinos y vecinas para prevenir o minimizar la proliferación de mosquitos tigre”. En sentido, Usó ha recordado que de los avisos recibidos el año pasado, “el 80% de los focos se encontraba en suelo privado con lo que nos encontrábamos que no podíamos actuar”.   La ordenanza se refiere precisamente “a la necesaria colaboración ciudadana” dado que “esta especie es especialmente difícil de controlar ya que su desarrollo ocupa tanto el espacio público como el privado, dificultando por tanto la capacidad de aplicar medidas de control por parte del Ayuntamiento”. La propuesta señala que “la aplicación de medidas preventivas es la mejor solución para llegar a un buen control de este insecto”.   Así, la concejala de Salud Pública ha insistido en la “necesidad de que los particulares adopten medidas muy básicas para ayudar a minimizar la presencia de este mosquito. La experiencia nos dice, y lo confirman los expertos, que es necesaria la colaboración desde el ámbito privado para ser más eficaces en la lucha contra este insecto”. En este sentido, el Ayuntamiento de Castellón ha programado un calendario de charlas para concienciar a la población sobre los lugares en los que prolifera el mosquito tigre y cómo evitarlo.   La relación de prescripciones generales que establece la normativa, ahora en fase de estudio, incluyen medidas como vaciar y poner boca abajo todos los objetos situados al aire libre susceptibles de acumular agua; mantener secos los bajo platos de las macetas; en el caso de abrevaderos se deberán vaciar dos veces por semana o cubrirlos con tela mosquitera y en el caso de balsas o fuentes ornamentales se recomienda la introducción de peces rojos que son depredadores naturales de larvas de mosquitos.   En cuanto a las piscinas, se establece que cuando estén vacías “se deberán mantener completamente secas” y en el caso de piscinas llenas “se mantendrán tapadas o en condiciones higiénicas mediante los tratamientos adecuados para evitar la proliferación de larvas”, teniendo especial cuidado en los pliegues de las lonas para vigilar que no se estanque agua. En cuanto a los sistemas de climatización comunitaria, las personas responsables, presidentes de comunidad de propietarios o gestores de fincas deberán evitar las acumulaciones de agua donde puedan proliferar los mosquitos tigre.   También se incluye un punto respecto a los propietarios o arrendadores de huertos, huertos urbanos, solares o fincas en desuso, quienes “deberán aplicar las medidas preventivas expuestas”. Asimismo, fija que las empresas o centros comerciales especializados en artículos de jardinería y/o cerámica son “puntos de riesgo especiales” por lo que vigilarán que sus objetos no acumulen agua.   La normativa propuesta dedica el artículo cinco a las actuaciones específicas en cementerios, donde se recomienda usar flores artificiales en nichos o en el caso de optar por naturales que se usen materiales absorbentes o se perforen las bases de los recipientes florales para evitar la acumulación de agua. En granjas, no se utilizarán bañeras o frigoríficos en desuso como abrevaderos y talleres mecánicos y depósitos de neumáticos, se obliga a cubrirlos con lonas.   Por su parte, el Ayuntamiento de Castellón se hace responsable de llevar a cabo las actuaciones necesarias en el espacio público con la finalidad de evitar el desarrollo de las poblaciones larvarias del mosquito tigre en los puntos de agua estancada así como a articular los mecanismos necesarios de coordinación con otras instituciones para ganar en eficacia en los tratamientos. Además, aportará a la ciudadanía la información necesaria para concienciar sobre las medidas a adoptar en el ámbito privado.   La ordenanza prevé sanciones que van de los 60 euros a los 750 en el caso de infracciones leves; de 751 a 1.500 euros en el de infracciones graves, y de 1.501 a 3.000 euros para las infracciones muy graves. La normativa deberá ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Castellón y publicada en el Boletín de la Provincia para entrar en vigor.