El caso de la niña Andrea derivó ayer en una penosa polémica de carácter ideológico que alcanzó su punto culminante cuando el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, aprovechó para pedir la legalización de la eutanasia. Los padres de la niña, que sufre una enfermedad degenerativa, han pedido al Hospital Universitario de Santiago de Compostela que dejen morir a la niña. Los médicos no acceden a la petición y argumentan que una cosa es retirar un tratamiento médico desproporcionado, y otra muy distinta dejar morir al paciente de hambre y de sed. El asunto ha sido remitido al juzgado y hay que confiar en que la decisión final se tomará desde un adecuado discernimiento sobre cuál es el mayor bien para la niña y para su familia, tras un exhaustivo análisis. Preguntado ayer sobre esta cuestión, el secretario general de la Conferencia Episcopal trasladó a la familia de Andrea la cercanía de la Iglesia, al tiempo que recordó la doctrina católica que rechaza tanto el encarnizamiento terapéutico como la práctica de matar a alguien en el nombre de una mal entendida compasión. José María Gil Tamayo no quiso pronunciarse sobre el caso concreto de Andrea, pero no dejó de lanzar una advertencia frente al relativismo moral que ha llevado a despreciar el derecho a la vida y a contemplar a la persona enferma como una pesada carga para los demás. Es también el relativismo de unos responsables políticos que, ante un caso así, en lugar de preguntarse cómo ayudar a unos padres desesperados por la enfermedad de su hija, lo esgrimen como bandera ideológica.