La Casa del Rey ha expresado hoy su "respeto absoluto a la independencia del poder judicial" tras conocer la decisión del juez instructor del caso Nóos, José Castro, de llevar a juicio a la infanta Cristina, que será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales.En contra de los argumentos de la defensa de la infanta, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro ha considerado que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama ocho años de prisión.El juez instructor, que fija para la infanta una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros, ha dejado fuera de la lista de 20 imputados que fijó la Audiencia de Palma al vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, y a los exdirectivos de Madrid 2016 Miguel de la Villa y Gerardo Corral. Una vez que Castro la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado, la infanta será juzgada por la Audiencia de Palma como presunta cooperadora en dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin.Doña Cristina, apartada de toda actividad institucional desde finales de 2011, dejó de ser miembro de la Familia Real tras la abdicación de don Juan Carlos y la proclamación de Felipe VI, el 19 de junio, al pasar de ser hija a hermana del Rey.La infanta compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el pasado 8 de febrero como imputada por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales y cuando, el 25 de junio, el juez Castro mantuvo esa imputación, la Casa del Rey también manifestó su "pleno respeto a la independencia del poder judicial".En esos mismos términos se expresó la institución que administra la actividad oficial del jefe del Estado y de la Familia Real tanto el 7 de noviembre, cuando la Audiencia de Palma decidió mantener la imputación de la infanta sólo por delito fiscal, como el pasado día 9, cuando el fiscal Pedro Horrach pidió la exculpación de doña Cristina.Horrach consideró que no había indicios para acusarla, aunque le reclamó que devolviera, como responsable civil a título lucrativo, 587.413 euros, cantidad que la infanta pagó hace una semana, aunque no quedó ingresada en el juzgado número 3 de Palma hasta dos días después por un error de la defensa de doña Cristina, que inicialmente ingresó el dinero en la cuenta de otro juzgado.Doña Cristina, que trabaja en Ginebra para la Fundación "la Caixa", no estuvo presente ni en la ceremonia de proclamación de su hermano en el Congreso ni en la de abdicación de su padre celebrada la víspera en el Palacio Real, a diferencia de su hermana mayor, la infanta Elena, que asistió a ambas.En su ya histórico discurso de proclamación, pronunciado ante una solemne sesión conjunta del Congreso y el Senado, el nuevo jefe del Estado subrayó que la Corona debe "velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente"."Hoy más que nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y éticos inspiren -y la ejemplaridad presida- nuestra vida pública", señaló Felipe VI el día de su proclamación, antes de continuar: "Y el Rey, a la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos".En el auto que ha dictado hoy, el juez instructor del caso Nóos fija para doña Cristina una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros y, en contra de los argumentos de la defensa de la infanta, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, considera que la acusación popular, que ejerce el sindicato Manos Limpias, está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey.