EH Bildu ha llevado al Parlamento Vasco su demanda de derogación de la conocida como "doctrina Parot", en un momento en el que para la coalición hay una "oportunidad de esperanza y de arreglo" en Euskadi en el que no caben "leyes de excepción".El texto, firmado por el parlamentario Julen Arzuaga, es similar al aprobado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Vitoria, a instancias de Bildu, y que salió adelante por la ausencia en el pleno municipal de ediles del PSE-EE y del PP, partido que gobierna en la ciudad.La doctrina Parot establece que las redenciones de condenas por beneficios penitenciarios se apliquen no sobre el máximo legal de 30 años de prisión, sino sobre cada una de las penas, lo que supone un alargamiento de su estancia en la cárcel.En la proposición no de ley de EH Bildu se asegura que esta doctrina se ha aplicado a 83 presos de ETA. En la actualidad, permanecen en prisión 56 de ellos.Para la coalición, con su aplicación se condena a "cadena perpetua a los presos vascos", lo que supone que en estos momentos haya 29 presos de ETA, según este partido, que llevan más de 25 años en la cárcel.EH Bildu reclama que deje de tener efecto porque "vulnera los derechos humanos básico" al defender que "pasar más de 20 años en la cárcel conlleva consecuencias físicas y psicológicas irreversibles".Además, apela a la "oportunidad de esperanza y arreglo que vive el País Vasco" tras el cese de la violencia de ETA para emplazar a que se derogue esta doctrina que ha enmarcado dentro de las "leyes de excepción". En consecuencia, reclama que se excarcele a los internos de la banda terrorista que permanecen en prisión por su aplicación.La coalición también se remite a la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que amparó a la presa etarra Inés del Río con el argumento de que, en su caso, se hizo una aplicación "irregular" de la"doctrina Parot".En opinión de EH Bildu, con esta resolución el tribunal europeo determinó que esta doctrina es "ilegal y contraria a los derechos fundamentales'.Asimismo, la coalición recoge en su iniciativa que, si sale aprobada, se dé cuenta de la misma al Tribunal Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Estrasburgo.