La renovación de la democracia pasa por fomentar la transparencia, los gobiernos abiertos y los procesos de rendición de cuentas. El Gobierno de Rajoy, en línea con esta tendencia, ha promovido un proyecto de ley que saldrá adelante con las aportaciones de diversos grupos, pero sin el voto del PSOE.Es incomprensible que en un asunto como este, los socialistas opten por el berrinche y adopten una actitud irresponsable. Ni la ley de transparencia es un borrón y cuenta nueva, ni exime a ningún grupo parlamentario, tampoco al del PP, de su deber de rendir cuentas ante el Congreso de los Diputados. Por el contrario, la Ley es un modo de ratificar públicamente que todas las instituciones del Estado están sometidas al imperio de la ley, a la fiscalización y el control. Así mismo es una excelente oportunidad para que los partidos con posibilidades reales de formar Gobierno se comprometan públicamente a respetar unos códigos normativos para la función pública que, en último término, sirvan para responder responsablemente a la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes y en los servidores públicos.Usar el “caso Bárcenas” como coartada para no colaborar en esta Ley es algo más que una pataleta. Es reflejo de una tremenda incapacidad de autocrítica en un partido con la historia reciente del PSOE, y de una voluntad suicida de romper todos los puentes cuando más falta hace la unidad.