Estos días ha entrado en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Onu, un protocolo ratificado por España junto con Argentina, Bolivia, Bosnia Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia y Uruguay, y por el que los países firmantes se obligan a "adoptar medidas económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de qur dispongan, para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto"."El hecho de haber ratificado el pacto y el protocolo, es la demostración de que el Estado está preocupado", admite el vicepresidente del comité de Asuntos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.Una vez que España ha ratificado tanto el pacto de derechos económicos y sociales como su protocolo, está envuelta en una responsabilidad directa de cumplir cada uno de sus derechos” explica Renato Zerbini, vicepresidente del comité de Asuntos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU a COPE. “El hecho de haber ratificado el pacto y el protocolo, es la demostración de que el estado está preocupado", admite.A la pregunta de si la crisis justificaría la ralentización en el cumplimiento de esos compromisos, el vicepresidente del comité de la ONU, asegura que: “No, en manera alguna. Incluso ante la presión que se ejerce sobre los estados parte para que emprendan medidas de austeridad, el comité ha dirigido una carta recordando que la austeridad siempre deberá cumplir con los requisitos mínimos contenidos en el pacto”.“El comité - prosigue- es consciente de que la adopción de medidas de austeridad es una tarea ardua y compleja que pueden llevar a determinados paises a tomar medidas de efecto doloroso. No obstante, de conformidad con el pacto, todos los estados parte, deben evitar en todo momento adoptar medidas que afecten a los derechos económicos, sociales y culturales”.Sobre el derecho a la vivienda digna, Zerbini ha dicho a la Cadena COPE que “El comité tiene puntos muy seguros acerca de una vivienda digna, entre ellos, la seguridad jurídica de la tenencia. Es necesario que se les garantice la protección legal contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas, incluso el comité ha recordado a España que el comité está preocupado profundamente por la situación de las familias que se encuentran abrumadas por las cosas de la vivienda como las hipotecas de larga duración, situación que ha propiciado que muchos hayan sido desalojados de sus viviendas y otros estén en riesgo de perderla. A raíz de eso, el comité recomienda a España., impulsar una reforma legislativa que faculte la dación de la vivienda en pago, de manera que no dependa únicamente de la discrecionalidad de las entidades bancarias”.Preguntado si el estado estaría obligado a garantizar una vivienda paralela en los casos de desahucio, responde que “El comité recomienda a España que el estado trabaje en coordinación con las comunidades autonomas para invertir más recursos en vivienda social y también implementar requisitos y procedimientos adecuados, antes de que se proceda a un desalojo”A propósito del derecho a la salud, asegura que “ La sanidad debe ser un derecho de todos. Es fundamental que el estado garantice a todos, no solo los nacionales, el derecho a una sanidad publica y gratuita”.Acerca de si los recortes sanitarios podrían ser punibles, dice: “Sí. El estado nunca debe bajar sus parámetros y atención al público con relación a los derechos económicos y sociales”.A la pregunta de cómo se ve desde la ONU, el respeto de España a los derechos sociales, responde: “ El tema es que la situación es muy difícil en todo el mundo y es desafío de todos sacar adelante a su pueblo y tengo la más plena seguridad de que España, los españoles todos juntos lograrán salir de este momento porque España es un país preocupado por los derechos humanos y también es un estado que no está inmune a esa crisis mundial, no solo española”.¿Puede España ser sancionada por culpa de los recortes en materia social?, preguntamos.“En este momento no, porque España tiene ya las indicaciones mandadas por el comité. Volverá en tres o cinco años a preparar un informe, y hasta ahora no ha encontrado el comité una vulneración de los derechos económicos sociales y culturales".