Además, la juez amplía la imputación al exconsejero Antonio Fernández y también acusa a los ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro, Alejandro Rueda y Pedro Eugenio Gracia. A los exconsejeros, la juez les acusa de firmar resoluciones de exoneración de los cursos de formación hasta acumular, en octubre de 2013, 950 millones de euros sin justificar respecto a entidades que obtenían beneficios "realmente altos". Alaya, que este martes ha dejado de ser titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, asegura en su auto que los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y del SAE, "han concebido indiciariamente la formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma". Estos fondos generaban "una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta de Andalucía para la realización de acciones formativas", explica Alaya. Las entidades "ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba" y obtenían "importantes beneficios" con el consentimiento del SAE, afirma la juez. Para llegar a esta conclusión, la instructora usa "datos objetivos" que son "carencias deliberadas de la Administración": la ausencia de programación de acciones formativas cuyo objetivo fueran los certificados de profesionalidad, la falta de un programa de evaluación y seguimiento y también la ausencia de la documentación justificativa en la mayoría de los expedientes. También entiende la juez que había ausencia de contratación en los expedientes con compromiso de contratación, que "eran además de concesión directa", precisa el auto, en el se reprocha un "retraso injustificado" en la comprobación técnica económica en la justificación de expedientes, que culminaban en el certificado de finalidad a pesar de las "importantes deficiencias" que tenían. Además, Alaya considera que hubo una ausencia y falta de la culminación de los expedientes de reintegro, con años en los que, como ocurrió en 2010 y 2011, no se elaboró ni un solo expediente de reintegro a pesar del "panorama de irregularidades descritas por la Intervención General". "Si todo lo anterior no era suficiente, se culminaba indiciariamente el interés por favorecer a estas entidades con el dictado repetido de las resoluciones de exoneración, que permitía a las mismas acceder al pago íntegro de las subvenciones concedidas y a nuevas subvenciones", enfatiza la juez. Las exoneraciones eran "rara avis" en las autonomías españolas, pero en Andalucía era "lo habitual con el decidido propósito de no quebrar el clima de satisfacción de las entidades beneficiarias", entre ellas los sindicatos y la Confederación de Empresarios de Andalucía, miembros del consejo de administración del SAE. Entre estas entidades, la juez incluye a grandes entramados empresariales y a la Fundación Pública Andaluza Fondo de Formación y Empleo, y todo ello "pese a que había cientos de millones de euros sin justificar". Con esas resoluciones se creaba el riesgo de menoscabo de fondos públicos porque se entregaban fondos a entidades de las que se desconocía el uso que habían hecho de las anteriores, explica Alaya. Al exconsejero Fernández le acusa de firmar, aludiendo al interés social, una resolución de exoneración el 17 de diciembre de 2009 a favor de 473 entidades con 2.389 subvenciones sin justificar y por valor de 327 millones. Manuel Recio firmó el 22 de diciembre de 2010 una resolución de exoneración para 365 entidades que tenían pendientes de justificar 306 millones de euros, y el 16 de diciembre de 2011 hacía lo mismo con 535 entidades con 839 subvenciones pendientes de justificar por 215,8 millones de euros, según la juez. El mismo consejero firmó el 28 de diciembre de 2011 exoneraciones para 609 entidades y dos días más tarde suscribió otra para 206 entidades con 586 subvenciones pendientes de justificar por 86,7 millones de euros. Antonio Ávila, como exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, firmó en 2012 un resolución de exoneración que favorecía a 1.162 entidades "frente a los casi mil millones de euros de fondos públicos que había sin justificar", según la juez, que imputa a un jefe de departamento de Formación en Granada, Juan Manuel León, y lo cita a declarar el 29 de junio