La Junta de Extremadura ha anulado los permisos a la empresa de la mina y ha cancelado la solicitud para su explotación. Todo tras una resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura que apunta a que no se ha cumplido con los requisitos de publicidad exigidos por Ley como ya había denunciado ACIMA, la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental.