Durante la vista desarrollada esta mañana, el juez ha escuchado durante una hora a la parte demandada, Abdullah Al-Thani, que ha respondido a las preguntas de las defensas con la ayuda de un traductor árabe; y a los testigos presentados por ambas partes: Moayad Shatat, unas de las llaves del proceso; Gonzalo Hervás, Raúl de Francisco Garrido y Luis Sánchez Pérez. El resto de testigos fueron desestimados o no se presentaron. El tramo final del juicio fue para las conclusiones finales de cada una de las defensas, y de las sociedades demandas y envueltas en el proceso para tratar de convencer al juez del caso, que dejó el caso visto para sentencia. La misma, según las fuentes consultadas, puede demorarse entre uno y dos meses, por lo que hasta entonces el funcionamiento del club seguirá siendo el corriente.

El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Málaga acoge desde las 9:30 horas el juicio por la demanda presentada por el grupo hotelero BlueBay contra el jeque Abdullah Al-Thani, propietario del Málaga CF, para reclamar acciones de la entidad deportiva malagueña. 

Al Thani llegó a la Ciudad de la Justicia al filo de las 9.10 horas y está siendo el primero en declarar ante el juez de la causa, Ramón Jiménez León. De la parte de Blue Bay se han personado el presidente de la cadena hotelera Jamal Iglesial y el abogado Gonzalo Hervás. Entre los testigos citados a declarar se encuentra el que fuera vicepresidente del Málaga C.F. Mohayad Shatat y cuyo testimonio será clave ya que era la persona que supuestamente firmó la venta de las acciones de Al Thani autorizado por el actual propietario del Málaga. 

Este procedimiento tiene su origen en la demanda presentada por BlueBay por incumplimiento de contrato y que se basó en el acuerdo entre Al-Thani y el grupo empresarial para crear una sociedad constituida en un 51 por ciento por el jeque y en un 49 por ciento por la empresa, y que, supuestamente, recibiría las acciones de éste en el Málaga.

BlueBay reclama la titularidad de acciones del Málaga, que fueron vendidas posteriormente a otra firma supuestamente vinculada al jeque, el cual está citado como demandado.

La audiencia previa por esta demanda tuvo lugar en 2016 y el proceso quedó suspendido en ese momento por haberse presentado una querella contra los demandantes y otras personas --dos exdirectivos-- por falsedad documental, apropiación indebida, estafa procesal y administración desleal por hechos relacionados con este procedimiento.

Esa querella se archivó y, una vez el proceso penal quedó extinguido, se fijó el juicio que ahora se celebra por la vía civil para el pasado mes de diciembre, aunque tuvo que ser suspendido debido a que uno de los demandados, Abdullah Ghubn, no había comparecido en el proceso desde el inicio y había que notificarle el procedimiento o declararlo en situación de rebeldía.

Así, fuentes judiciales han indicado que a Ghubn  se le ha citado mediante edicto, porque no se le ha localizado, y, además, está declarado en rebeldía.

Después de tres intentos se espera que al fin arranque el proceso judicial. La sentencia podría tardar en dictarse unos tres meses aunque ambas partes podrán recurrir.