El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, presidido por el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y en el que participó el secretario general de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Antonio Sánchez Lorente, acordó ayer el reparto definitivo de los fondos provenientes del 0,7 por ciento del IRPF.

La Región de Murcia recibirá 8.467.103 euros, lo que supone un incremento de 1,1 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. El total distribuido entre todas las comunidades autónomas asciende a 241.264.827 euros.

También se acordó centralizar en el Estado la concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida, y se aprobaron las condiciones en las que se concederán dichas ayudas, que quedan pendientes de la asignación presupuestaria correspondiente aún por determinar.

Las discrepancias surgieron en relación a la propuesta de Plan de Choque para el Impulso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia presentado por el Gobierno, que suscitó dudas en cuanto a algunas de las medidas de desarrollo.

El secretario general de la Consejería de Política Social y distintos representantes de otras autonomías incidieron en que se trata de un plan positivo, en la medida en que el Estado reconoce que ha incumplido su obligación en relación al sostenimiento del sistema de la Dependencia, lo cual ha derivado en la mala situación que sufre en este momento, y con el anuncio de aumentar la financiación estatal en 600 millones de euros hace propósito de enmienda.

No obstante, Sánchez Lorente señaló que “es insuficiente, ya que supone una corrección de aproximadamente el 10 por ciento del coste anual del sistema, algo muy escaso cuando las comunidades soportan el 80 por ciento del coste total y el Estado sólo el 20 por ciento de una institución ideada para ser sufragada por ambas administraciones a partes iguales”.

Asimismo, el secretario general se adhirió a la petición de Andalucía para que esta propuesta sea considerada el documento base para negociar un Pacto de Estado por la Dependencia que establezca la estrategia en este ámbito para los próximos años.

En este sentido, se acordó convocar una comisión delegada para seguir desarrollando esta propuesta con las aportaciones de las comunidades.

Finalmente, se informó de las líneas estratégicas propuesta por el Ministerio para el Plan de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, en lo que se refiere a los ejes sociales, a fin de que las comunidades comiencen a elaborar sus proyectos de actuación, fundamentalmente centrados en la modernización de los servicios sociales, en el cambio de modelo de los cuidados de larga duración y la accesibilidad, entre otros.

Sánchez Lorente manifestó que “las consecuencias económicas y sociales que está causando la Covid-19 van a ser muy graves, el Fondo Extraordinario Europeo para la Recuperación puede paliarlas en parte y ayudar a sentar las bases de la recuperación. Trabajamos para establecer las vías adecuadas para que estos fondos lleguen a la Región, y lo hagan de forma rápida y eficiente”.