El Servicio Común General del partido judicial de Murcia ha recibido escrito presentado por PSOE este martes, 13 de abril, interponiendo una querella por cohecho contra el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, contra los diputados regionales expulsados de Ciudadanos, Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Francisco Álvarez, así como contra el consejero de Transparencia, Participación y Administración Pública, Antonio Sánchez Lorente, también expulsado de la formación naranja.

Cabe recordar que Franco, Miguélez y Álvarez fueron expulsados de Ciudadanos tras hacer fracasar la moción de censura impulsada por la formación naranja junto a los socialistas. Posteriormente, fueron nombrados consejeros, al igual que Antonio Sánchez.

La querella ha sido registrada este miércoles, 14 de abril, por este servicio y remitida, de acuerdo a las normas de reparto, al juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) en un comunicado.

EL TRANSFUGISMO EN MURCIA "TRANSCIENDE EL PLANO POLÍTICO"

Esta denuncia por cohecho fue anunciada este martes por el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante un debate con el Partido Popular en la sesión de control al Gobierno en el Senado. En concreto, Ábalos acusó al PP de haber "comprado" tránsfugas en Murcia.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSOE defiende que más allá del "reproche social" por el "acto de transfuguismo", en el caso de Murcia "se añaden otros elementos que transcienden el plano político, dando lugar a que las conductas puedan ser consideradas como hechos con relevancia penal".

En concreto, el PSOE avisa de que "hay un elemento que trasciende" lo político, y que hace que las conductas del presidente murciano y los exdiputados de Cs sean "punibles", y es que los exdiputados recibieron "como contraprestación" a su voto contrario en la moción "una recompensa a su conducta", después de haber firmado que apoyarían la moción.

Una contraprestación que, según el PSOE, "no cabe duda que se materializó en los nombramientos como consejeros que no ostentaban sino hasta que comprometieron su voto". Ese fue "el sentido del acuerdo", defienden.

"EL VOTO ESTÁ SUPEDITADO A UN PAGO"

En este sentido, aseguran que en este caso, "el voto está supeditado a un pago, retribución, recompensa o dádiva", lo que implica que sí se trata de "un hecho típico que perfecciona la conducta perseguible por el artículo 421 del Código Penal". Y a continuación, recogen los sueldos que ahora están percibiendo los nuevos miembros del Gobierno murciano, como prueba de esa contraprestación.

En su denuncia, los socialistas ahondan en que la decisión de los exdiputados de Ciudadanos de romper a disciplina de voto "no obedece a una decisión política", sino que "tuvo su razón de ser a consecuencia de la existencia de contraprestaciones a cambio de ello".

El PSOE sostiene sus argumentos aportando, entre otras cosas, las acusaciones que vertió en Twitter la que aspiraba a convertirse en presidenta de Murcia con la moción, la líder de Ciudadanos en esta región, Aina Martínez Vidal, denunciando que el PP estaba intentado comprar a los diputados 'naranjas'.

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Según el PSOE, la decisión de López Miras de nombrar a esos diputados de Ciudadanos díscolos nuevos miembros de su Gobierno, "como una contraprestación a cambio de un voto, trasciende la esfera discrecional del Presidente y se convierte en un hecho típico, antijurídico y culpable porque ya no se enmarca ni en su libertad ni en la negociación política".

"Pasa a ser un instrumento de compra de voluntades que podría ser constitutivo de un delito de cohecho en concurso con un delito de prevaricación administrativa", afirman en la denuncia.

En este sentido, insisten en que la conducta del presidente murciano y los exdiputados de Ciudadanos "lesiona el bien jurídico protegido en el delito de cohecho, el propio prestigio y reputación de la Administración Pública, la imparcialidad en su funcionamiento y la eficacia de este servicio público".

Por todo ello, defienden que esa conducta "encaja perfectamente con los elementos del tipo del cohecho pasivo propio del artículo 421 del Código Penal, y también en el "cohecho pasivo impropio" recogido en el artículo 420.

"La clave en la conducta descrita es la conexión o nexo causal existente entre la aceptación del cargo, mantenimiento o el ofrecimiento del cargo, y su real consecución, y todo ello a cambio de su voto", remarcan.

También denuncian prevaricación administrativa recogida en el artículo 404 del Código Penal "ya que la libertad del presidente en el nombramiento de sus consejeros sea gota cuando el motivo no solo es fruto de una promesa o contraprestación injusta, sino que los propios nombramientos son antijurídicos y arbitrarios al obedecer a fines espurios".

El PSOE ha tomado esta decisión en Murcia después de la denuncia que ya presentó hace unas semanas su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, que elevó esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el secretario general del PP, Teodoro García Egea y el exsenador de Cs Fernando Hervías, además de López Miras y los tres exdiputados de la formación de Inés Arrimadas.