El secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha dicho este sábado en rueda de prensa que el presidente regional, Fernando López Miras, como máxima autoridad en la pandemia de la comunidad deberá garantizar la asistencia al millón y medio de murcianos que acudan a un centro sanitario sin covid porque para ello ha recibido del Estado 411 millones de euros que, según aseguró, se desconoce en que se están invirtiendo.

"Hoy del gobierno regional no sabemos el destino específico para reforzar la salud pública regional de los 411 millones de euros que ha recibido en estos últimos meses del gobierno de España", manifestó.

Inició su intervención por videoconferencia preguntándose: "¿Tenemos garantizada la asistencia hospitalaria de todos los ciudadanos de la Región de Murcia en las próximas semanas?¿Vamos a tener los sanitarios que necesitamos para ser atendidos en nuestros hospitales en las próximas semanas?¿Ningún ciudadano de la Región de Murcia se va a quedar atrás y no va a dejar de ser atendido, sea por covid o no, en las próximas semanas?".

"Descontrolada" calificó la situación del covid en la comunidad autónoma, por lo que apeló a la responsabilidad individual y colectiva de la ciudadanía, y al cumplimiento de todas las normas dictadas por las autoridades sanitarias, por el gobierno regional hasta la fecha y todas las que pueda adoptar en los próximos días "dentro de sus amplísimas competencias, que todavía le quedan".

A su juicio, las vacunas siguen siendo la gran esperanza e insistió en su propuesta de ampliar el horario por las tardes y los fines de semana en los centros de salud para agilizar el proceso. También pidió al gobierno regional que acepte los espacios municipales que han ofrecido algunos ayuntamientos, como el socialista de Águilas, que este sábado ha brindado el polideportivo municipal y el recinto ferial, para vacunaciones masivas.

Acusó de "nefasta y chanchullera gestión" del Ejecutivo en lo relativo a los rastreadores, "y la va a acompañar hasta sus últimos días, y sino al tiempo", auguró el líder socialista.

Por último, Conesa reiteró además las acusaciones de irregularidades en un contrato de 2,1 millones de euros a una empresa constructora y de servicios de Torrevieja (Alicante) de un exconcejal del PP para contratar 50 rastreadores durante dos meses.