Unas decenas de personas se han concentrado este sábado a las puertas del Hospital Reina Sofía de Murcia para protestar por la debilidad del sistema sanitario regional tras los recortes de la última época. Una protesta que se ha repetido en otras ciudades de toda la geografía española.

Convocada por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), esta concentración ha recibido el apoyo del Plan de Choque Social y Marchas de la Dignidad Región de Murcia, plataformas que aglutinan las demandas de justicia, soberanía y reconstrucción social de los murcianos y las murcianas.

Durante el año de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, "la intervención sanitaria pública apenas llega para mantener la mínima dignidad en los cuidados a nuestros mayores y dependientes, residentes en instituciones que se han convertido en trampas macabras para ancianos 'privatizados'", según ambas organizaciones, que consideran que esto "es una anomalía democrática que no se puede consentir".

También acusan de irresponsabilidad al Gobierno regional y recuerdan que los primeros meses de la campaña de vacunación frente al virus "han evidenciado una gestión nefasta por parte de la Consejería de Salud".

Así, reprochan que "ha quedado al descubierto el criminal desvío de vacunas a políticos, religiosos, o personas y colectivos a los que no les correspondía ser inmunizados en ese momento, de acuerdo con el protocolo del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad".

Entre las exigencias de estos colectivos, piden al Ejecutivo regional que afronte la crisis provocada en el sistema sanitario por los recortes y la pandemia, así como la atención a la dependencia.

Respecto a la vacunación, exigen que se continúe con la campaña "con respeto a los protocolos establecidos". "No se puede vender la vacunación al mejor postor" y condenan la gestión "irregular y clientelar que se ha hecho de la vacunación", exigiendo "justicia y transparencia".

Finalmente, demandan "máxima transparencia" en el gasto de los recursos económicos que el Gobierno de España ha enviado a la Región. La sanidad pública "es un derecho soberano del pueblo de la Región de Murcia, sin la cual es imposible recuperar nuestra tierra para una mayoría social", han concluido.