Los consejeros de Presidencia del Gobierno de la Región de Murcia, Javier Celdrán, y de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, exigieron hoy en Cartagena al Gobierno central "justicia en el reparto de fondos, para no ahondar en el agravio premeditado y continuado que acumulamos ambas comunidades". Dicha demanda se refiere tanto a la financiación autonómica como al reparto de dotaciones para hacer frente al Covid-19.

En este sentido, en el encuentro los consejeros recordaron que con el actual modelo de financiación, la Región de Murcia dejó de percibir 700 millones en 2019 y Andalucía 800. A ello se ha sumado "el maltrato en el reparto del fondo de 16.000 millones para hacer frente a la pandemia que ha dejado a ambas comunidades casi sin 1.000 millones de euros que resultan imprescindibles para superar el impacto de la crisis sanitaria y los efectos económicos y sociales que ha dejado el confinamiento", afirmó Celdrán.

Tras su reunión con Bendodo, el titular de Presidencia consideró "más que urgente" la creación de "un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice principios básicos como la equidad, la justicia y el equilibrio territorial".

"La Región de Murcia es la comunidad peor tratada de España. Un maltrato que compartimos con la comunidad andaluza", añadió el consejero, quien demandó "la necesidad de creación de un fondo de nivelación que compense a las regiones que recibimos menos que la media nacional, evitando que el actual Gobierno central siga tratando a murcianos y andaluces como españoles de segunda, cuando la propia ministra de Hacienda es consciente y no oculta que existe este agravio comparativo injusto".

Además, los consejeros abordaron la necesidad de exigir al Ministerio de Hacienda unos criterios claros y transparentes sobre cómo se repartirán los fondos europeos que llegarán a España destinados a combatir la pandemia.

Unos fondos que "deberían distribuirse entre las comunidades en base a criterios de PIB, desempleo y, sobre todo, población, puesto que somos las autonomías las que prestamos los servicios esenciales a los ciudadanos en materia de sanidad, educación y políticas sociales, en un contexto de absoluta dificultad financiera; sin embargo vemos cómo desde Moncloa proponen un modelo de asignación de presupuesto por proyectos, con oscurantismo, falta de transparencia y todo apuntando a que se reservarán cuánto le dan a cada territorio sin ningún criterio objetivo", señaló Celdrán.

Los consejeros de Presidencia acordaron, asimismo, exigir al Gobierno de España una mayor coordinación y unidad de criterio para afrontar la segunda oleada de la pandemia. "En una cuestión que afecta a la seguridad y salud nacional, permitir que haya 17 estados de alarma, 17 modelos de inicio de curso y 17 modelos de medidas de prevención sanitaria es una absoluta irresponsabilidad, y la falta de liderazgo del presidente de la Nación no nos va a ayudar a salir antes de la crisis sanitaria sin precedentes que estamos viviendo; todo lo contrario, seremos de nuevo el país que preocupa a Europa", subrayó el consejero del Ejecutivo regional.

Además, recordó que ambas comunidades, junto con Canarias y la Comunidad Valenciana, tienen que hacer mayores esfuerzos por contener la expansión de la pandemia ante la llegada de oleadas de pateras con inmigrantes en situación irregular llegados a sus costas.

Por eso "exigimos al Gobierno de España que no se desentienda de este problema, cuyo origen está en la inefectiva diplomacia y control de fronteras, porque es un asunto de Estado. En cambio, vemos cómo se obliga a las regiones a hacernos cargo de la cuarentena de muchos de esos inmigrantes llegados en situación irregular, pagando nosotros así los platos rotos de la nefasta política migratoria del Estado, incapaz de contener y anular el negocio de las mafias que trafican con personas", afirmó el consejero.

Y es que, en el último mes han llegado a costas de la Región más de 1.100 inmigrantes en situación irregular en pateras, de los cuales alrededor del 7 por ciento dio positivo en las pruebas PCR de Covid-19, más de 700 fueron puestos en cuarentena a cargo de las arcas regionales y con medios del Gobierno regional, y más de cien se encuentran fugados saltándose dicha cuarentena, "lo que sin duda supone un riesgo de transmisión y rebrotes en nuestra población y entre la población inmigrante con la que se relacionan", apuntó Celdrán.

Ambos consejeros coincidieron en la necesidad de que el Estado se reúna con las comunidades implicadas, se consensue un protocolo de actuación, y se haga cargo o cubra suficientemente el coste de los servicios públicos que se derivan directamente de este asunto de orden nacional.

INFRAESTRUCTURAS Y AGUA

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Por último, Celdrán y Bendodo coincidieron en la necesidad de elaborar una hoja de ruta común para reclamar tanto al Gobierno de España como a instancias europeas una mayor apuesta por infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico y el progreso social del sureste español, como el Corredor Mediterráneo, el AVE o una política de agua solidaria que permita la interconexión de cuencas excedentarias y deficitarias.

Ambos coincidieron en apuntar en el importante valor que supone la industria y la agroindustria de Andalucía y la Región de Murcia en su contribución neta a la economía nacional, por lo que exigieron mayores inversiones del Estado en la creación de las condiciones de entorno y la aportación de recursos "para seguir siendo motor económico de España".

"Necesitamos que se acelere la llegada del Corredor Mediterráneo a la Región, ya que es vital para el transporte de mercancías", señaló Celdrán, quien también pidió "celeridad" en las obras de la llegada del AVE "cuyo retraso supone una pérdida de oportunidades para el turismo", y el "blindaje" para el trasvase Tajo-Segura, "que garantiza la agricultura sostenible, motor de actividad económica y de puestos de trabajo en ambas comunidades".

Por último, los representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno regional acordaron mantener periódicamente reuniones de coordinación y crear grupos de trabajo en los ámbitos de mayor interés común, especialmente en los aspectos relacionados con políticas tributarias y de libertad económica, colaboración público-privada y la defensa de intereses estratégicos regionales.