La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía tiene previsto realizar casi 3.000 actuaciones de control, a través del Plan de Inspección de Industria 2021, para dar respuesta a las necesidades del sector industrial y minero en la lucha contra la competencia desleal, la localización de instalaciones con alta accidentabilidad o riesgo de afección a personas, e incrementar la presencia de inspecciones en instalaciones que, como resultado del Plan 2020, manifestaron altos grados de incumplimiento. Del total de actuaciones, se inspeccionarán 1.800 posibles empresas clandestinas en la Región.

El director general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Eduardo Piné, presentó hoy el plan en una videoconferencia a la Asociación de Empresarios del Valle de Escombreras, que integra más de 30 empresas industriales, en la que subrayó que “los objetivos fundamentales son garantizar la seguridad industrial y minera, con el fin de reducir el riesgo de los trabajadores y usuarios de las instalaciones, y corregir los problemas de incumplimiento de requisitos normativos, para luchar contra la competencia desleal”.

El Plan de Inspección 2020 supuso la apertura de 140 expedientes sancionadores a empresas del sector por incumplimiento de los requerimientos legales, como resultado de las 1.041 actuaciones de control que se realizaron. Además, se detectaron 2.000 empresas que presentaban posibles irregularidades, de las que se inspeccionaron 200 y se comprobó que un 25 por ciento estaba en situación de clandestinidad.

“Debemos reducir al máximo el número de empresas con irregularidades o en situación de clandestinidad en la Región. Para ello vamos centrar los esfuerzos en la detección y regularización de todas las empresas, lo que supone defender a las que sí cumplen con sus obligaciones frente a la competencia desleal”, destacó.

Así, el Plan de Inspección de 2021 completará ese trabajo dentro de las 2.000 empresas sospechosas que se han detectado, y que, si se extrapolan los resultados de las 200 empresas ya inspeccionadas, pueden arrojar una cifra cercana a las 500 empresas en situación de clandestinidad.

Garantizar la seguridad

Piné también apuntó a que este plan es fundamental para garantizar la seguridad industrial y minera y minimizar sus riesgos, así como asegurar la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente derivados de estas actividades. También se supervisará la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, equipos y de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desechos de los productos industriales y mineros.

Además, como resultado de las inspecciones realizadas en 2020, se detectó un mayor grado de incumplimiento en los almacenamientos de productos químicos, ascensores y puertas automáticas, y estaciones de servicios, “por lo que se considera oportuno el incremento de actuaciones en estos ámbito”.