Los consejeros de Empleo de la Junta de Castilla y León, Región de Murcia, Junta de Andalucía y Comunidad de Madrid han firmado un protocolo general de actuación para la puesta en común de buenas prácticas en materia de empleo, formación, trabajo y emprendimiento.

Tras la irrupción de la pandemia producida por la COVID-19, los consejeros de Castilla y León, Ana Carlota Amigo; Murcia, Miguel Motas; Andalucía, Rocío Blanco, y Madrid, Manuel Giménez, consideran "del máximo interés" promover e intercambiar "las mejores prácticas" en un futuro "sumamente incierto en términos de empleo y muy exigente en cuanto a la atención de las personas afectadas".

Según ha informado la Junta de Castilla y León, mediante este protocolo los consejeros declaran su intención de definir los cauces para el trasvase de conocimiento, que permitan el diseño de acciones conjuntas encaminadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, así como la puesta en común de las mejores prácticas con el objetivo final de impulsar el empleo y su calidad.

Para Ana Carlota Amigo, lo prioritario es "encontrar soluciones eficaces para recuperar el empleo y la actividad económica". Este protocolo nace "para ser ese espacio de colaboración institucional, que contribuya a diseñar e implementar con éxito políticas de empleo", ha añadido.

Así, en materia de servicios públicos de empleo, los consejeros manifiestan en el protocolo su intención de orientar su actuación prioritariamente a la puesta en común de información de la evolución del mercado laboral, en un momento como el actual en el que conocer la situación del empleo y su evolución "es muy importante".

Formación para el empleo

En cuanto a la formación para el empleo, se ha acordado la puesta en común del impacto que está teniendo la COVID-19 en el desarrollo de las actuaciones formativas y las medidas de flexibilidad en materia de formación, implantadas o a implantar. También el fomento y extensión de la teleformación en las convocatorias de formación para el empleo.

Asimismo, plantean tanto la introducción de las adaptaciones necesarias a las convocatorias de los programas de formación para conseguir su adecuación a las necesidades de las personas con discapacidad; como la puesta en común del desarrollo y la promoción de centros nacionales de referencia en el ámbito de cada una de las comunidades autónomas y promoción de acciones de movilidad territorial de sus beneficiarios, así como la puesta en común de recursos.

Además, el protocolo recoge el estudio de sistemas de gestión adicionales que combinen la calidad de los cursos de formación y la seguridad jurídica de todos los agentes implicados, y la promoción de la adaptación de la oferta formativa, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo, a las necesidades reales de cada comunidad autónoma.

En lo que respecta a trabajo, la intención del protocolo es orientar su actuación prioritariamente al intercambio de buenas prácticas en materia de servicios de solución extrajudicial de conflictos, en particular, de los respectivos sistemas de conciliación, mediación y arbitraje.

En cuanto a la economía social y emprendimiento colectivo, manifiestan su intención de orientar su actuación prioritariamente a la puesta en marcha de programas de formación en economía social y programas de difusión de buenas prácticas en esta materia con el fin de colaborar en el avance desde el emprendimiento individual al colectivo.

Así como a la identificación y diseño de programas de subvenciones para el fomento de la contratación de trabajadores en supuestos de baja por incapacidad temporal de trabajadores autónomos, así como el impulso de otros programas de incentivos de la corresponsabilidad entre este colectivo.

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