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Conesa declara como investigado por prevaricación en tramitación de una multa

Sale del juzgado "relajado" y espera que el asunto se resuelva "cuanto antes"

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 13:08

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha prestado este jueves declaración en calidad de investigado por una presunta prevaricación administrativa en la sanción de una multa de tráfico a un concejal de IU-V de Alhama de Murcia cuando el dirigente socialista era alcalde de este municipio.

Acompañado por su letrado defensor, Alberto Martínez, y el vicesecretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, Conesa se ha mostrado "tranquilo y relajado" al declarar ante el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Totana que investiga el caso porque ha hecho "siempre lo correcto".

Tras confiar en que se resuelva "cuanto antes" el caso, que ya fue archivado previamente y cuya instrucción se ha retomado tras aceptar la Audiencia Provincial el recurso presentado por el denunciante, antiguo suboficial de la Policía Local de Alhama de Murcia, el dirigente socialista ha querido dar "normalidad" a que "una persona presente una denuncia" y al "funcionamiento de las instituciones".

"He venido a declarar de forma voluntaria, como un ciudadano más, para colaborar con la justicia", ha remarcado Conesa, quien ha apostillado que cree que es el "primer político" de la Región de Murcia que renuncia de manera voluntaria a su aforamiento en virtud de su acta como diputado autonómico.

El dirigente socialista renunció a principios de diciembre de 2020 a su aforamiento como diputado para declarar de forma voluntaria y ha negado que hubiera cometido prevaricación en la tramitación de una multa impuesta a un concejal de IU-V en la corporación.

Esta declaración se produce días después de que la defensa del secretario general del PSRM-PSOE haya recurrido el auto judicial que admitió la personación del PP como acusación popular en esta causa.

En su recurso, Conesa dice que el PP carece de legitimidad para ejercer la acción popular y dice que lo único que persigue es dilatar el proceso y buscar una rentabilidad política.

"El Partido Popular -afirma- está intentando trasladar la discusión política propia de las instituciones representativas a los tribunales", y añade que lo que busca es politizar el proceso y que "su personación solo se percibe como una herramienta para controlar al adversario político".

El recurso reclama que se revoque el auto por el que se admitió la personación del PP y, si no se acepta esa petición, al menos que se le imponga la prestación de una fianza.

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