La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la Universidad de Murcia (UMU) firmaron un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública, con el fin de establecer, dentro del campo del Derecho y de las Ciencias Políticas, un espacio dedicado a la investigación, la formación y la divulgación en materia de buen gobierno e integridad pública en el que participen profesores, alumnos y profesionales del sector.

Esta es la primera vez que se lleva a cabo la constitución de una cátedra sobre la Integridad pública, es decir, “una iniciativa pionera en España en el ámbito académico universitario”, según destacó la consejera de Transparencia, Participación y Administración Pública, Beatriz Ballesteros, en la firma del acuerdo con el rector de la UMU, José Luján.

Ballesteros señaló que “esta cátedra servirá de base para realizar un análisis, evaluación e investigación de los mecanismos existentes y las posibilidades de reformas en relación con la integridad pública, la prevención de la corrupción, la participación, la calidad de los procesos normativos, las cuestiones relacionadas con el buen gobierno y el funcionamiento de las instituciones democráticas”.

Este acuerdo permitirá la formalización de un documento de adhesión para aquellas entidades, instituciones o empresas interesadas en colaborar con la cátedra. Además, “permitirá que las entidades colaboradoras de la cátedra aparezcan en todas las campañas de comunicación; que puedan solicitar plazas para la asistencia de sus empleados a los seminarios de investigación; y que reciban periódicamente toda la información sobre las actividades de la cátedra”, explicó la consejera.

Asimismo, la cátedra contempla la difusión y divulgación, a través de actividades y publicaciones en materia de buenas prácticas, la mejora de la calidad de la gobernanza y la divulgación de los valores democráticos entre la ciudadanía.

También incluye la celebración de cursos de formación dirigidos, principalmente, a funcionarios y empleados públicos autonómicos para su especialización en las materias objeto de la cátedra.