El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves un decreto-ley con medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas en la Región de Murcia, que incluye multas de hasta 90.000 euros en caso de usurpación o allanamiento de unidades sociales adscritas al parque de la Comunidad.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien ha explicado que el objetivo de este documento, pionero en España, es "impedir que se menoscabe el derecho a la propiedad privada y la degradación de los barrios donde las viviendas han sido usurpadas o allanadas".

De esta forma, la Administración regional transforma la Ley de Vivienda en la 'Ley de Vivienda y Ocupación de la Región de Murcia', con el fin de acabar con esta práctica ilegal que afecta a 1.078 viviendas en la Región, un centenar de ellas sociales.

El nuevo decreto-ley establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará 'Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación', así como un canal de denuncias que protegerá la identidad de los denunciantes.

Igualmente, el texto pretende reforzar la cooperación entre administraciones y obliga a los ayuntamientos a notificar los casos que se detecten en sus municipios a través de la Policía Local y los Servicios Sociales.

Asimismo, propone que las empresas de servicios y suministros urbanos como electricidad o agua se aseguren de que los solicitantes de un servicio son los legítimos ocupantes del mismo y comuniquen los casos de ocupación de los que tengan constancia.

Sanciones en caso de ocupación

A través del decreto-ley, la Comunidad también ha establecido un procedimiento sancionador específico para evitar la ocupación en el parque regional de viviendas sociales, que establece como infracción muy grave, con multas que pueden ir desde los 15.001 a los 90.000 euros.

Asimismo, se considera como infracción grave la incitación a la ocupación ilegal de este tipo de viviendas, con sanciones de 3.001 a 15.000 euros. Además, la nueva norma ordena que no podrá optar a la propiedad de una vivienda social pública en la Región quien haya sido condenado penal, civil o administrativamente por ocupación ilegal en los últimos diez años.

Díez de Revenga ha explicado que el "gran problema" de la ocupación es que las viviendas se suelen convertir en "focos de conflictividad" que alteran la convivencia vecinal.

Perfil del "Okupante"

Respecto al perfil de la persona que ocupa de forma irregular una vivienda, el titular de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia ha explicado que, en su mayoría, están asociados a mafias criminales u organizaciones delictivas que llegan incluso a "revender o subarrendar los pisos".

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"Son prácticamente residuales los casos de quienes lo hacen por necesidad, porque existen mecanismos suficientes en los servicios sociales de los ayuntamientos, la Comunidad y la propia Consejería, que ha sacado una ayuda de tres millones de euros a través de la ONG para garantizar un hogar a todas las familias que tienen riesgo de perderlo".

Díez de Revenga ha destacado la "dificultad legal" a la que se enfrentan los propietarios de viviendas okupadas para recuperarlas, "lo que nos ha empujado más todavía a hacer esta modificación para conseguir agilizar y ser más efectivos", al objeto de que cada vivienda "está ocupada por la familia que le corresponde y no por quien la toma por la fuerza".