La Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM) ha enviado una carta a la Consejería de Medio Ambiente en la que expresa su "malestar" por el hecho de que la Comunidad no haya contado con los ayuntamientos para llevar a cabo cambios normativos que afectan a las competencias municipales.

En concreto, la FMRM se ha referido a la Orden de 5 de mayo de 2020 sobre quemas agrícolas y el Decreto Ley 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente, en la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia.

"Es evidente los beneficios de cualquier orden o ley que nuestro Gobierno regional aprueba en su capacidad legitima para hacerlo, que cuenten con el apoyo y el consenso de la Federación, ya que , dedicarle tiempo a la negociación en la búsqueda del consenso no es perderlo, sino todo lo contrario", apunta la misiva.

La presidenta de la FMRM, María Dolores Muñoz, ha señalado que "esta no es la primera ocasión que el organismo representante de los 45 municipios expresa el malestar por la fórmula utilizada en la orden del decreto ley".

Por ello, ha insistido en la necesidad de celebrar una mesa de trabajo a la que asista el titular de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y la Federación, con el fin de "negociar" y que "entre todos encontremos un camino que nos acerque y que pueda mejorar y acomodar ambas normas a los intereses de la gran mayoría".

La FMRM ha hecho hincapié en su carta en que "solo nos mueve la defensa de los intereses municipales, que para ese fin se creó la Federación, y que por ello estamos obligados a no escatimar esfuerzos en todos los sentidos y campos, para realizar convenientemente ese objetivo de defensa y de lucha por los intereses locales".

"Ahora solo toca esperar la reacción de la Consejería de Medio Ambiente para llegar a ese consenso y equilibrio necesario con el objetivo principal de superar cualquier situación conjunta en beneficio de todos los murcianos", ha apostillado.

Las dos normas afectan a las competencias municipales, "y, sin embargo, en la FMRM no ha tenido la oportunidad de estudiarlas previamente, como se venía haciendo hasta ahora en estos casos tras el convenio de relación que siempre ha existido entre ambas instituciones".

INFORME DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Los servicios jurídicos de la FMRM han elaborado un informe del que se desprende que "antes del decreto Ley 5/2020 la evaluación ambiental de proyectos, las funciones de órgano ambiental correspondían siempre a la consejería; con el decreto ley se transfiere y/o delega esas competencias a los ayuntamientos", con lo que " se pueden vulnerar los artículos 25 y 26 en la Ley de Base de Régimen Local".

Por su parte, el secretario general ha indicado que "con este decreto ley se olvida medir el impacto y proveer la dotación de recursos que garantice la suficiencia financiera de los ayuntamientos, y tenemos el deber de recordárselo al Gobierno regional, para evitar el correspondiente desequilibrio económico de las entidades locales".