AGUA

Gobierno Regional reclama los 38 hectómetros cúbicos del trasvase de marzo

La portavoz del Ejecutivo Ana Martínez Vidal, ha lamentado la decisión del ministerio de suspender la reunión que tenía prevista la comisión técnica

La Comunidad reclama los 38 hectómetros cúbicos del trasvase de marzo

EFEInformativos @cope_murciaMurcia

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 15:47

El Gobierno de la Región de Murcia ha exigido al Ministerio para la Transición Ecológica que apruebe el trasvase de 38 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura correspondiente al mes de marzo, ya que ese caudal es clave para garantizar el abastecimiento de productos frescos al mercado.

La portavoz del Ejecutivo murciano, Ana Martínez Vidal, ha lamentado la decisión del ministerio de suspender la reunión que tenía prevista la comisión técnica de explotación del acueducto Tajo-Segura que cada mes fija los trasvases, argumentando para ello las lluvias caídas en los últimos días.

Según ha censurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se trata de una decisión que “no tiene lógica ni coherencia”, ya que las lluvias no impiden ni la reunión ni los envíos, que solo debe autorizar la comisión, sin el visto bueno del Ministerio, al encontrarse los embalses de cabecera del Tajo en su nivel 2 de reservas.

Para Martínez Vidal, la aprobación del trasvase de marzo es crucial, más si cabe, en la “situación crítica” que atraviesa el país por el coronavirus, en la que es fundamental garantizar el abastecimiento de la población.

En cuanto a las intensas lluvias que han afectado estos días a la región provocando un nuevo episodio de inundaciones en el municipio de Los Alcázares, ha indicado que el Ejecutivo regional está trabajando en coordinación con su ayuntamiento para poner en marcha un proyecto de canalización de aguas.

Sin embargo, ha insistido en que el problema de las inundaciones y riadas, cada vez más frecuentes en los municipios del entorno del Mar Menor, “no se va a ver solventado de manera definitiva” hasta que no se ejecuten las actuaciones de control de escorrentías y transporte de sedimentos contempladas en el noveno punto del denominado “plan de vertido cero”, que son competencia del estado. 

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