El Real Murcia definirá su futuro societario en la junta del 2 de diciembre tras la sentencia del Supremo

El Real Murcia celebrará el próximo 2 de diciembre una trascendental junta general de accionistas en la que detallará cómo queda la situación societaria de la entidad tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo, que confirmó lo dictado previamente por la Audiencia Provincial, anuló el plan de reestructuración aprobado en su día y provocó un notable incremento de la deuda privada del club: 11 millones de euros adicionales que obligaron a recalcular por completo el proyecto económico. 

Ante este escenario, y tal como hizo público la propia entidad grana, el club ha elaborado un nuevo documento que ya está preparado para su presentación en el Juzgado de lo Mercantil. El plan incluye una quita del 85%, reducida desde el 95% que contemplaba la propuesta anulada, y sitúa la deuda reconocida a acreedores en torno a los 20 millones de euros. Una cifra muy elevada para un club cuyo primer equipo milita todavía en Primera RFEF, fuera del fútbol profesional.

La decisión judicial declaró nulas todas las ampliaciones de capital realizadas desde 2018, lo que convierte a los accionistas que participaron en ellas en acreedores de la sociedad. Entre ellos figura el presidente y propietario, Felipe Moreno, quien sin embargo ha renunciado voluntariamente a reclamar los seis millones que le corresponderían. Esa renuncia, explican desde el club, es clave para evitar que el Real Murcia entre en causa de disolución.

El texto del nuevo plan detalla que dicha renuncia se integra como prima de emisión a favor del club por un importe total superior a los seis millones de euros. Una medida, apuntan los abogados de la entidad, que vuelve a ofrecer “paraguas de seguridad” y permitirá suspender todas las ejecuciones de embargo mientras se tramita el procedimiento.

Tras su entrega en el Juzgado, el plan será trasladado a los acreedores para que puedan presentar las alegaciones que estimen oportunas. Actualmente, el Real Murcia arrastra nueve millones de deuda privada —dos de ellos en préstamos participativos—, a los que se suman los once millones derivados de la sentencia del Supremo. La Liga de Fútbol Profesional, con la que existía un acuerdo previo, queda fuera del listado de acreedores.

La junta del 2 de diciembre se presenta, por tanto, como un punto de inflexión para el futuro institucional y económico del club centenario, obligado a reestructurar su mapa accionarial y a estabilizar una situación financiera que vuelve a tensionarse justo en un momento clave de la temporada.