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SUCESOS

La Guardia Civil investiga a cuatro personas por utilizar presuntamente cebos envenenados en fincas agrícolas

A los cuatro se les imputa la presunta autoría de delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos.

Sucesos.- La Guardia Civil investiga a cuatro personas por utilizar presuntamente cebos envenenados en fincas agrícolas

26-10-2020 Guardia Civil investiga a cuatro personas por utilizar medios de caza no selectivosGUARDIA CIVIL

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Tiempo de lectura: 3'Actualizado 11:57

La Guardia Civil ha investigado a cuatro personas --dos de ellas de Totana, una de Cartagena y la última de Murcia-- por utilizar presuntamente cebos envenenados en fincas agrícolas.

En la operación , denominada 'Lubril', han participado también agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida), adscrita a la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad Autónoma.

En concreto, a los cuatro se les imputa la presunta autoría de delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos.

La investigación se inició el pasado enero, cuando la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente solicitó el apoyo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) para llevar a cabo una investigación relacionada con la utilización de medios de caza no selectivos.

La Guardia Civil y agentes medioambientales de la Brida organizaron un dispositivo conjunto dirigido a inspeccionar distintos enclaves agrícolas y forestales de los municipios de Murcia, Lorca, Torre Pacheco, Totana y Cartagena.

Para llevar a cabo la investigación, el Seprona contó con la participación del Grupo Cinológico y de Remonta de la Guardia Civil de Madrid, que dispuso el apoyo de unidades caninas, venidas desde la capital del país y Valencia, especializadas en la localización de cebos envenenados.

EN TOTANA Y CARTAGENA

El reconocimiento de dos fincas agrícolas sitas en el término municipal de Totana permitió el hallazgo de tres ejemplares de conejo silvestre muertos y varios zorros, así como numerosas pastillas de rodenticidas.

Tanto los cadáveres de los animales como las pastillas fueron entregados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre 'El Valle', en Murcia. Posteriormente, las muestras fueron enviadas al laboratorio de Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia (UMU) para su análisis.

La actuación culminó con la identificación de dos vecinos de Totana a los que les fueron instruidas diligencias como presuntos autoros de delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales de compañía.

Al parecer, los responsables de estas fincas agrícolas, dedicadas al cultivo de brócoli y lechuga, colocaron en las proximidades de las plantaciones pastillas de rodenticidas, dejándolas al aire libre y sin protección alguna, con el consiguiente riesgo para las personas y los animales que pudieran transitar por la zona.

Similar 'modus operandi' se dio en las proximidades de una finca agrícola de Cartagena, donde se halló el vertido indiscriminado de rodenticidas y la muerte de varios conejos silvestres. El titular de la explotación agrícola resultó investigado como presunto autor de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos.

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Las pastillas solo pueden ser empleadas para la eliminación de ratones y ratas, por lo que su uso para erradicar otros roedores silvestres --como conejos o liebres-- con la supuesta intención de minimizar los daños que estos animales pueden provocar en los cultivos está prohibido.

EN MURCIA

Otro de los hallazgos se produjo cuando agentes medioambientales tuvieron conocimiento de la pérdida de señal de un emisor de geolocalización (GPS) con el que iba equipado un individuo juvenil de águila perdicera.

Para localizarlo, efectivos del Seprona y de la Brida realizaron un reconocimiento del coto privado de caza, sito en la pedanía murciana de Gea y Truyols (Murcia), donde se perdió la señal del ave. En la zona hallaron numerosos lazos, cebos, jaulas trampas y poteras para la captura de animales, así como un lirón careto muerto.

Este reconocimiento terrestre permitió además identificar a un individuo a bordo de un vehículo. Agentes del Servicio Cinológico de la Benemérita, especialistas en la detección de venenos, participaron en el examen del vehículo donde los canes detectaron, oculto en el maletero, trozos de jamón susceptible de ser utilizado como cebo y un bote con una sustancia sospechosa.

A continuación se inspeccionó una caseta de aperos próxima, donde se localizó otro envase bote de cristal con posible veneno, así como varias trampas no selectivas para animales silvestres.

De todo ello fueron obtenidas muestras para su análisis que permitieron determinar que se trataba de productos extremadamente tóxicos cuyos principios activos son el aldicarb y el metil-clorpirifós, por lo que el individuo resultó investigado como presunto autor de delito relativo a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos.

Las personas investigadas, los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de Murcia, Lorca y Cartagena.

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USO DE CEBOS ENVENENADOS

El aldicarb es una sustancia altamente tóxica, muy potente y de uso prohibido por decisión de la Unión Europea. Se trata de un método de caza no selectivo debido a su poder para eliminar un elevado número de ejemplares y a no seleccionar las especies diana a las que va dirigido.

Utilizado en el medio natural puede afectar gravemente a cualquier animal, tanto de especies silvestres, como de las domésticas e incluso al ser humano.

La muerte por el consumo de estos tóxicos se produce pocos minutos después de su ingesta y de una forma agónica al afectar de inmediato a los sistemas respiratorio y nervioso.

DELITOS SOBRE LA FLORA, LA FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Los autores de este tipo de hechos pueden incurrir en un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, recogido en el vigente Código Penal y castigado con penas de prisión de cuatro meses a dos años o multas de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar por tiempo de uno a tres años.


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