La Policía Nacional ha detenido a nueve personas, dos dueños y siete gestores de un conglomerado empresarial de Los Alcázares (Murcia) dedicado al transporte de autobuses y de contratación temporal de peones agrícolas, por explotación laboral de inmigrantes en situación irregular.

Fuentes policiales han señalado que los responsables de la mercantil, supuestamente, se aprovechaban de la precaria situación económica de estos ciudadanos, que no tenían permiso de trabajo, para obtener mano de obra barata, mezclándola entre los trabajadores regulares que transportaba.

De esta forma, los empresarios aumentaban así sus ganancias, pagándoles a los trabajadores irregulares un salario reducido y evitando darles de alta en la Seguridad Social.

Los arrestados están acusados de la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, contra los ciudadanos extranjeros, así como por falsificación de documentos y usurpación.

La operación se inició el pasado mes de mayo, cuando agentes de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia tuvo conocimiento de la presencia en Los Alcázares de un entramado empresarial de transporte de autobuses y de trabajo temporal que desarrollan su actividad desde hace varios años.

Parte de su actividad se desarrollaba de forma legal, aunque los investigadores comprobaron que había una simulación de relaciones laborales con ciudadanos extranjeros, con la finalidad de explotar laboralmente a aquellos que se encuentran de forma irregular en España.

Con objeto de obtener un importante lucro económico, consiguen mano de obra barata a la que privan de derechos laborales y de salud básicos, reduciendo considerablemente de esta manera el coste de cada trabajador puesto que realizan las labores agrarias a cambio de una remuneración muy reducida.

Las empresas se revisten de un entramado societario para dar un soporte legal con el que envolver dichas actividades criminales, consistente en empresas de trabajo temporal (ETTs) que contaban con el asesoramiento de prestigiosos gabinetes de economistas, abogados, asesorías y gestores.

Las mercantiles estaban regentadas por dos hombres, de nacionalidad española y de 45 y 47 años de edad, que estaban rodeados por personas de confianza, como eran un gestor del ámbito económico "tanto legal como ilegal" y los gestores de personal, quienes mantenían una relación directa con los "jefes de cuadrillas" e, incluso, con los propios trabajadores.

Los investigadores comprobaron que los numerosos autobuses que transportan trabajadores de la empresa al campo trasladan en su interior, mezclados entre trabajadores con permiso de trabajo y legalmente contratados, otros que se encuentran en situación irregular en España, sin permiso de trabajo y, por tanto, sin autorización para trabajar o para ser contratados por la citada empresa.

Por ello, agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional han detenido en Los Alcázares de los nueve acusados, que han sido puestos a disposición judicial.