El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido este viernes que el final del estado de alarma sin una alternativa jurídica hará "del todo inviables" a partir del 9 de mayo muchas de las restricciones y medidas adoptadas por su ejecutivo para frenar la pandemia de covid.

En declaraciones a los medios tras reunirse con alcaldes y portavoces municipales del PP en los ayuntamientos de la comunidad, López Miras ha censurado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no establecer un "plan jurídico" que ampare a las comunidades autónomas tras el final del estado de alarma.

Al respecto, el presidente de la comunidad murciana ha recordado que cualquier limitación de derechos debe ser refrendada por sentencia judicial, por lo que, a partir del 9 de mayo, la consejería de Salud tendrá que reclamar la validez de sus medidas contra el coronavirus ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

Así, ha explicado que, ante un virus que necesita la "actuación inmediata y celeridad" en la toma de decisiones, como la limitación del número de personas en una reunión, de movilidad y de cierres perimetrales, deberán ser ratificadas por el TSJRM, cuyos magistrados necesitarán "días" para posicionarse y emitir un fallo que dé la razón o no a las autoridades sanitarias.

López Miras ha confirmado que su ejecutivo seguirá tomando las medidas necesarias para frenar el avance del covid, pero ha insistido en que, según ha comunicado el Consejo de Estado y algunos presidentes de TSJ, los gobiernos autonómicos no tienen "capacidad ni herramientas jurídicas" que garanticen su aplicación.

Para el presidente de la comunidad murciana, la estrategia de Sánchez y su gobierno "no tiene ningún sentido" y no es "efectiva ni eficaz" para luchar contra el coronavirus.

"Sánchez, no es que haya delegado las competencias para luchar contra la pandemia en las comunidades autónomas; es que ha delegado directamente la pandemia en las autonomías", ha declarado López Miras antes de lamentar que el presidente haya estado "de brazos cruzados" cuando ha tenido "tiempo de sobra" para haber dotado a los gobierno autonómicos de herramientas jurídicas.